El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla ha registrado este jueves, 1 de mayo, Día del Trabajador, una declaración institucional en la que alerta de la situación crítica y social en Sevilla, al tiempo que reclama rebajas fiscales para los trabajadores así como reducir el IVA al mínimo para los productos de consumo propios de la cesta de la compra de las familias.
La declaración institucional, que recoge el análisis y las propuestas del sindicato SOLIDARIDAD, advierte que en las últimas décadas las condiciones materiales de los españoles no han dejado de empeorar, y sus expectativas se han desplomado dramáticamente. Del empleo al paro y la precariedad, de los hogares familiares al nomadeo constante y de la propiedad a la suscripción. Este, señala VOX, es el epitafio de generaciones enteras de desposeídos a quienes se les ha negado “tener”: ni trabajo, ni propiedad, ni familia; y, en consecuencia, se les ha negado un futuro.
VOX sostiene que las medidas emprendidas hasta la fecha no han dado el resultado positivo que se esperaba, muchas veces convirtiéndose en cargas para las familias y los trabajadores españoles. Es imposible refutar los datos: en Sevilla, la tasa de paro se sitúa en el 16,99%, con 56.810 personas desempleadas. El desempleo juvenil en la ciudad alcanza el 27,5%, una cifra alarmante que supera la media nacional.
Peor aún es el hecho de que el desempleo afecta gravemente a los mayores de 52 años, condenándolos a la vulnerabilidad y a la exclusión. El desempleo en este tramo de edad ha aumentado significativamente desde 2008, y más del 72% de quienes reciben el subsidio están por encima de esa edad. El resultado es el coma social, con generaciones de mayores abocados a los subsidios de miseria y la prejubilación, provocando que, en su conjunto, más de un cuarto de la población en todo el territorio nacional se encuentre en riesgo de pobreza o en exclusión social.
Por otro lado, los trabajadores por cuenta propia se cuentan entre los grandes perdedores de la creciente precarización. Casi la mitad de los autónomos tiene jornadas laborales superiores a las 10 horas diarias, una tercera parte apenas se puede permitir una semana de vacaciones al año y uno de cada tres autónomos ingresa menos del Salario Mínimo Interprofesional. Sin embargo, el gobierno solo empeora aún más esta situación, con excesiva burocracia y un expolio impositivo. El actual aumento del número de autónomos, lejos de ser una consecuencia del crecimiento del emprendimiento, es más bien una muestra del proceso de precarización. La mayoría de ellos son, en realidad, falsos autónomos, un recurso empleado por las empresas como respuesta a las dificultades de contratación y al descenso de la productividad. En Sevilla, cada vez más trabajadores se encuentran en esta situación, especialmente en el sector de los repartidores.
VOX señala, expresamente, que la falta de certezas laborales ya se traduce en una falta de certezas materiales y vitales y así, subraya que hace 30 años, muchos trabajadores humildes podían permitirse con su sueldo tener un hogar familiar en propiedad y una segunda residencia en la costa o en el pueblo de sus antepasados. Hace 20 años, la segunda residencia era ya una quimera para la mayoría de los españoles. Tiempo después, la primera vivienda, adalid de la estabilidad material familiar, se ha convertido en un imposible. Un vago recuerdo de tiempos mejores sin visos de recuperarse. Hoy, ni siquiera el alquiler es accesible para el grueso de nuestros jóvenes, condenados a compartir piso con extraños a precios desorbitados. En Sevilla, el precio medio del alquiler ha alcanzado los 11,9 euros por metro cuadrado, el más alto desde que se tiene registro, y representando un incremento del 8,8% respecto del año anterior.
Según datos del año pasado del Observatorio de Emancipación, el salario joven mediano en 12 pagas se situaba en 1.005,22 euros netos al mes. Teniendo en cuenta que el alquiler medio de una vivienda libre era de 944 euros mensuales y que el gasto mediano en suministros de vivienda era de 138,12 euros al mes, el precio de un alquiler en solitario junto con los gastos de luz, gas y otros suministros sumaría 1.082,12 euros mensuales. Es decir, el salario íntegro de un trabajador joven y todavía le faltarían 77 euros. En Sevilla, los jóvenes sevillanos están entre los que menos opción de independizarse tienen de España: el precio de la vivienda ha vuelto a subir durante el primer trimestre de 2025 y, a fecha de marzo de este mismo año, la vivienda permanece como uno de los problemas más importantes entre los sevillanos.
Y más allá de los hogares españoles, en nuestras ciudades y pueblos, la situación no es mejor. Año tras año batimos récord en inmigración ilegal y récord en criminalidad y delincuencia. La multiculturalidad ha traído a nuestras calles multiconflictividad, dinamitando el vínculo social y privando a las nuevas generaciones de una infancia como la que tuvieron sus padres. Las familias necesitan un entorno tranquilo y agradable donde echar raíces, crecer y prosperar, con la seguridad de que sus hijos no serán agredidos, de que sus hijas puedan salir de casa por la noche o de que sus mayores no van a ser atracados. Pero esas certezas están dejando de existir y avanzamos hacia un modelo incierto y peligroso.
De este proceso de pauperización, incertidumbre e inseguridades aflora una brecha cada vez más ancha entre élites y pueblo, entre gobernantes y gobernados. La crisis ha engordado a las rentas más altas mientras una mayor parte de la población dispone de cada vez menos: la distancia entre unos y otros es hoy mayor que nunca. El 10% de la población posee más del 50% de la riqueza, siendo España el país más desigual de toda Europa Occidental. Vivimos una progresiva marginalización de los sectores que comprenden la gran mayoría de la sociedad, padeciendo la inacción de los poderes públicos en materias como la vivienda, hoy convertida en un bien de lujo, particularmente en las grandes ciudades y alrededores. Esa dificultad, a su vez, da como resultado su creciente desubicación, empujando a la población más desfavorecida -entre la que hay que incluir a una depauperada clase media- a abandonar el centro de las ciudades, que se han convertido en objeto de permanente especulación.
VOX, en definitiva, se adhiere al manifiesto del sindicato SOLIDARIDAD poniendo de relieve la urgente necesidad de avanzar en la recuperación de la soberanía nacional de España, garantizando tomar decisiones de acuerdo con la conveniencia nacional, poniendo a las familias y trabajadores españoles como máxima prioridad. Por ello, rechaza una estructura económica que nos condena a la precariedad, a la debilidad económica y a la dependencia de terceros países.
La necesidad de reformular la economía española sobre la base de la reindustrialización y de la recuperación de la soberanía energética, ambas fuentes de trabajo estable y de calidad. Además, es imperativo revitalizar sectores abandonados del mundo agrario, capaces de emplear una gran cantidad de mano de obra, potenciar la propiedad y promover el arraigo en el territorio.
La intención de impulsar, mediante las acciones necesarias e instando a los órganos competentes, la protección de la economía nacional, acabando con la deslocalización de empresas en el extranjero y la importación masiva de inmigrantes ilegales, así como con su posterior regularización o reparto por el territorio nacional.
La voluntad de instar a las diferentes administraciones competentes a aplicar inmediatas rebajas fiscales a los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena como medida primaria y esencial para detener su empobrecimiento. A su vez, eliminar toda imposición a los productos básicos de la cesta de la compra (carne, pescado, aceite y pasta) y reducir el IVA al mínimo, particularmente para los productos de primera infancia.
El deber de acometer una revisión sistemática y minuciosa de las Administraciones Públicas, dirigida a racionalizar su estructura y funciones, así como la de los diferentes organismos y entidades pertenecientes al sector público español, enumerando y suprimiendo todos aquellos organismos innecesarios o meramente ideológicos. A su vez, auditar y eliminar todo el gasto público relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.
