El diputado de VOX Javier Jové ha alertado de que decenas de familias asturianas no podrán escolarizar a sus hijos en los centros elegidos para el próximo curso pese a existir demanda suficiente para mantener o recuperar aulas concertadas en distintos puntos de la región.
Durante una pregunta parlamentaria sobre el cumplimiento del artículo 27 de la Constitución Española, Jové recordó que la libertad de enseñanza y el derecho a la educación corresponden a las familias y no al Estado, y reprochó a la Consejería de Educación que continúe imponiendo decisiones administrativas por encima de la voluntad de los padres.
“Las administraciones están para facilitar la libertad de elección de las familias, no para imponerles desde un despacho el centro educativo al que deben acudir sus hijos”, señaló.
Según los datos expuestos por VOX, al menos 67 alumnos han quedado fuera de los centros elegidos por sus familias. La situación afecta a 21 alumnos en Mieres, 17 en Gijón, 16 en Oviedo, 11 en Langreo y 2 en Ribadesella.
El diputado de VOX subrayó que no se trata de casos aislados, sino de una consecuencia directa de la planificación educativa impulsada por el Gobierno asturiano. “Detrás de cada número hay una familia que ve frustrada su elección educativa a pesar de existir demanda suficiente para mantener o recuperar unidades que fueron eliminadas”, afirmó.
Jové puso varios ejemplos concretos. En Oviedo existen centros con cinco solicitudes excedentes que permitirían recuperar aulas concertadas perdidas. En Langreo, un colegio acumula once solicitudes adicionales y cuenta con capacidad para asumir una nueva unidad. En Mieres, dos centros suman veintiún alumnos excedentes que podrían justificar la recuperación de aulas eliminadas. En Gijón, un colegio registra diecisiete solicitudes por encima de las plazas ofertadas, mientras que en Ribadesella dos alumnos han sido derivados a la enseñanza pública pese a existir margen para su escolarización en el centro solicitado.
VOX recordó además que la Junta General aprobó recientemente una iniciativa impulsada por la formación para avanzar hacia el distrito único escolar, una medida destinada a ampliar la libertad de elección de las familias y evitar precisamente situaciones como las que se están produciendo en el actual proceso de admisión.
“El artículo 27 de la Constitución no reconoce el derecho del Estado a decidir por las familias. Reconoce el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Cuando existen plazas, existe demanda y además se optimizan los recursos públicos, no hay ninguna razón para impedir esa libertad de elección”, recordó.
