La Ley de Protección Animal impulsada por el Gobierno de Coalición (PSOE-Unidas Podemos) y aprobada en el Consejo de Ministros a principios de agosto, lejos de proteger a los animales, supondrá un nuevo varapalo económico para el sector, la destrucción de gran parte del mundo rural, acabará con el toro bravo y con las dehesas, y todo sin el menor rigor científico que la avale, ni el consenso de los sectores afectados, a quienes el Gobierno ha ignorado.
VOX, en su Agenda España, denuncia las llamadas “transiciones ecológicas”, que «consisten en trasferir ingentes cantidades de dinero de las clases medias y trabajadoras a las élites que impulsan la agenda climática». Y esta norma es un ejemplo, al estar preparada, al igual que la ley del «sólo sí es sí», para poner a disposición de chiringuitos ideológicos, a través de lobbies animalistas, jugosos presupuestos y poder de decisión sobre los derechos y libertades de los españoles.
La ruina de los comerciantes
Con la aprobación de la ley, la comercialización de animales de compañía en tiendas, así como su exhibición y exposición al público con fines comerciales está prohibida. Además, la transmisión (a título oneroso o gratuito), de animales sólo podrá realizarse directamente, bien desde la persona responsable de la cría, bien desde una Entidad de Protección Animal, sin intermediarios, actúen éstos a título oneroso o gratuito. La cesión de animales entre particulares deberá ser, en todo caso, gratuita y quedar reflejada por contrato. Además, está prohibida la comercialización, donación o entrega en adopción de animales no identificados.
Tras la criminalización del sector primario en todas sus actividades (agricultura, pesca, ganadería, caza), este Gobierno da un paso más dentro de la agenda prevista por los lobbies animalistas y demoniza nuevos sectores, como los de la cría y el comercio de animales.
Esto causa un perjuicio económico irreparable a los pequeños comercios de estos animales y a sus criadores. VOX considera que esta actividad debe estar permitida, siempre que cumpla con los requisitos higiénicos y sanitarios pertinentes.
La ley no prohíbe la caza con perros o la cetrería, sin embargo, las restricciones impuestas condenan esas actividades a la desaparición, debido a las trabas para poseer animales. Así, la actividad medioambiental que han realizado por afición y disfrute, ahora la tendrán que realizar empresas contratadas por las Administraciones Públicas.
Los parques zoológicos, también perjudicados
Entre las medidas previstas por el Gobierno, una de ellas es la transformación de los “zoos”. En palabras de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, «vamos a reconvertir los zoológicos y delfinarios en lugares para la conservación de especies», para que «nuestros hijos e hijas aprendan que nuestra labor es cuidarlos y protegerlos». Sin embargo, esta “medida estrella” (que obligaría a prohibir la actividad de los zoos tal como se conocen hasta ahora para llevar a cabo esa «reconversión») no se encuentra en la ley de 72 páginas.
Se confirma también que todo lo que tiene que ver con los toros, tanto las corridas como otros espectáculos, queda excluido de la regulación sobre derechos animales y maltrato animal. Pero sí se prohíben los «animales salvajes» en los circos y el maltrato «a todos los animales vertebrados», un nuevo concepto en la legislación, que amplía la protección a «los animales en libertad y silvestres». En el anteproyecto se menciona específicamente a los jabalíes.
Una ley que favorece a los lobbies animalistas
El nuevo texto legal crea órganos estatales de dirección, coordinación y participación. Así, por ejemplo, se creará el Consejo Estatal de Protección Animal, que será un órgano colegiado consultivo de Coordinación entre Estado, comunidades autónomas y entidades locales, donde estarán incluidos representantes de entidades privadas. También se crea el Comité Científico y Técnico para la Protección y Derechos de los Animales, con “personas de reconocido prestigio en materia de protección animal”, lo que, en la práctica, se traduce en que cualquier animalista puede ser «enchufado» por el Gobierno.
VOX cree que los españoles «no pueden soportar más cargas fiscales», y menos «en un contexto como el actual, con la mayor inflación de los últimos 40 años, y los costes de la energía y los combustibles disparados». El Gobierno ha obviado la petición de VOX, y la ley obliga a los ayuntamientos a tener un servicio de recogida de animales abandonados, con atención veterinaria las 24 horas, y a mantener las colonias felinas, que pagarán los españoles a través de impuestos y tasas de los vecinos.
“Derechos animales”
Se trata de “la primera ley estatal en la historia de España que regula la protección de los animales”, según dijo la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, quien destacó que “el maltrato, el abandono y el sacrificio” son las “tres lacras” que vulneran los “derechos” de estos seres vivos.
Vox considera que el animalismo es la ideología que pretende alterar el orden natural de los seres vivos, elevando a los animales por encima del ser humano, al que considera destructor de la naturaleza. Se opone, por tanto, a cualquier uso de animales por parte del ser humano.
Esto implica, según la formación que lidera Santiago Abascal, la transformación de nuestro modo de vida al más puro estilo globalista, alterando por completo los usos y costumbres, criminalizando el mundo rural y su actividad económica, e “imponiendo desde los despachos, lejos de la naturaleza, una nueva relación con los animales y despojándonos de nuestra tradición, cultura e identidad”.
Impuestos verdes
Por otra parte, VOX continúa defendiendo que «la conservación y mejora del medio natural ha de llevarse a cabo respetando la calidad de vida de las personas, sin que el peso de este cambio recaiga sobre los hombros de los españoles en forma de impuestos verdes”.
Supondrá esta nueva norma un varapalo para las pequeñas empresas que venden animales de compañía, al prohibirla, que arruinará a estos comercios y a sus criadores. En este sentido, VOX defiende que se trata de una actividad que debe estar permitida, «siempre cumpliendo con los requisitos higiénicos y sanitarios pertinentes».
De modo que el Ejecutivo, una vez asegurado el dinero para sus redes clientelares, ataca, en su avance ideológico, las tradiciones españolas, cuyas consecuencias pueden ser destructivas para el medio ambiente, los animales, y la economía nacional. Esta ley es sólo el principio de futuras prohibiciones e imposiciones cada vez más restrictivas a cada vez más sectores y prácticas, como la tauromaquia y la equitación. Ello se debe a que siguen buscando las vías legislativas más eficaces para restringirlas o directamente prohibirlas. Ignoran los animalistas que la prohibición de la tauromaquia supondría la pérdida de miles de empleos, de la raza del toro bravo, y de un ecosistema único, que es la dehesa.
En definitiva, una norma completamente opuesta a las iniciativas de VOX, que, considera que «se ha perdido la ocasión de tener una ley única en España, en lugar de 17 diferentes. Santiago Abascal ha denunciado en numerosas ocasiones que «unas élites a las que nadie ha votado van a decidir», en este caso, qué animales podrán tenerse y cuáles no. Y ha defendido, desde el nacimiento de la formación, que “hay que escuchar a los expertos que los han criado durante décadas y son los primeros interesados en su bienestar».