El diputado de VOX en la Junta General Gonzalo Centeno confirmó hoy el apoyo de su formación a la modificación de la Ley de Infracciones y Sanciones en materia de Seguridad Minera, al considerar positiva la incorporación de mecanismos que permitan iniciar procedimientos de caducidad de concesiones cuando se produzcan infracciones muy graves.
Durante el debate parlamentario de la iniciativa, Centeno recordó que VOX ya había defendido esta medida en una moción parlamentaria presentada tras la tragedia de Cerredo y la protesta de los mineros de la mina Miura. El diputado recordó que aquella iniciativa fue entonces rechazada por la mayoría parlamentaria de izquierdas pese a que perseguía reforzar la seguridad y la responsabilidad de las empresas que operan en el sector extractivo.
“Estamos ante una modificación que recoge una idea que VOX ya venía defendiendo desde hace meses: quien incurra en infracciones muy graves en materia de seguridad minera no puede seguir explotando recursos públicos como si nada hubiera ocurrido”, afirmó.
El parlamentario vinculó la reforma a las consecuencias derivadas del accidente de Cerredo y a la situación generada posteriormente en distintas explotaciones mineras de la región, donde trabajadores y empresas se han visto afectados por la incertidumbre creada tras la tragedia.
No obstante, Centeno sostuvo que la legislación minera ya contemplaba mecanismos suficientes para retirar concesiones en casos de incumplimientos graves y reiterados. “La Ley de Minas de 1973 y su reglamento ya permiten declarar la caducidad de concesiones cuando existen infracciones graves o reiteradas de las normas de seguridad. El Gobierno podía haber actuado mucho antes si hubiera querido hacerlo”, señaló.
A juicio de VOX, la aprobación de esta reforma constituye además una admisión implícita de que existieron fallos de control y supervisión por parte de la Administración autonómica. “El propio texto reconoce que no basta con imponer sanciones económicas cuando han desaparecido las condiciones que justificaban el mantenimiento de una concesión. La pregunta es evidente: ¿quién debía vigilar que esas condiciones se estuvieran cumpliendo?”, planteó.
Centeno insistió en que la Administración tiene la obligación de ejercer funciones de vigilancia y control sobre unas explotaciones que operan sobre dominio público y consideró que el Gobierno asturiano trata ahora de corregir mediante cambios legislativos problemas que debieron afrontarse mucho antes. “Todo esto demuestra que la Administración no puede limitarse a reaccionar cuando ocurre una tragedia. Su obligación es prevenir, inspeccionar y actuar antes de que los problemas acaben teniendo consecuencias irreparables”, reiteró.
VOX votó favorablemente a la iniciativa al entender que contribuirá a reforzar la seguridad minera y a evitar que empresas que incumplen gravemente la normativa puedan mantener derechos de explotación sobre recursos públicos.
