29 marzo, 2021
El presidente de VOX Asturias y portavoz del Grupo Parlamentario en la Junta General del Principado, Ignacio Blanco, y José María Figaredo, diputado nacional de VOX por Asturias explicaron esta mañana en rueda de prensa que, pese a que “no comparten” el fallo de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el bable, consideran que es un “éxito” que la sentencia “obligue a quienes quieran usar la Llingua a que no puedan hacerlo indiscriminadamente”. Es decir, recalcan el portavoz y el diputado nacional, “deben respetar a los diputados que alegan que no entienden íntegramente esas intervenciones” y por tanto, “la sentencia dice lo que ya dijo VOX hace un año, que tiene que facilitarse el entendimiento íntegro de las intervenciones de los diputados”.
Lo que salva de constitucionalidad el artículo, continúa Blanco, “es el párrafo 2 del art. 3 que señala que la mesa de la cámara, oída la junta, indica que debe hacerse, “necesariamente, el mecanismo para que no se violente el derecho constitucional de los diputados previsto en el art. 23 de la Constitución Española. Es decir, “desde ahora quienes quieran usar la Llingua, la fala, el gallego asturiano o lo que sea que hablen, porque no se sabe ni lo que quieren hablar, caprichosamente no podrán hacerlo”, recalca. “El fallo viene a decir que necesariamente tiene que articularse alguna medida para que los parlamentarios podamos entender íntegramente las intervenciones. Y este uso indiscriminado es lo que viene a ratificar el Tribunal Constitucional que dice que el artículo 3 es constitucional porque abre la puerta a establecer un mecanismo por el que los diputados podamos entender íntegramente”.
En este sentido, Ignacio Blanco recuerda que “VOX Asturias ya se ofreció en su día, en una junta de portavoces, a consensuar un uso razonable. Pedimos que se facilitaran las intervenciones escritas en español para que todos los parlamentarios puedan comprender íntegramente las intervenciones. Y, sin embargo, Podemos se negó a instrumentar el mecanismo y es lo que nos obligó a recurrir al Tribunal Constitucional”. En este contexto, “la mala fe de Podemos nos obliga a no participar en ningún otro intento que sólo se produce a raíz de nuestro esfuerzo ante el Tribunal Constitucional”.
Por tanto, a partir de ahora, VOX Asturias queda a la espera de lo que el resto de partidos del Parlamento asturiano quieran articular al respecto, para valorar después si es o no ajustado a derecho constitucional. En definitiva, señala el portavoz, “hoy estamos igual que el primer día, igual que advertimos ya que si se produce una intervención en Llingua, en bable, en fala, en asturiano, un diputado dice no entenderlo y no hay un mecanismo previsto, el pleno o la comisión deberán suspenderse. Estamos en el punto de partida”. Además, ha explicado que “en ningún caso VOX aceptará un gasto adicional y si algún partido lo propone vamos rechazar contar con intérpretes o cualquier medida que suponga un gasto adicional para la Junta”.
Ahora, “la mesa, oída la junta de portavoces, debe adoptar las medidas oportunas, evitando que el uso de la Llingua pueda suponer una limitación efectiva y real al ejercicio de su derecho”.
Por otro lado, el diputado nacional de VOX por Asturias, José María Figaredo ha señalado que “acudimos al Tribunal Constitucional porque el presidente del Principado, Adrián Barbón, quiere permitir al gobierno y sus miembros (consejeros, directores, etc) intervenir en asturiano en la junta general. “La realidad es que lo que pretende hacer el Gobierno de Adrián Barbón es lograr una oficialidad de facto, de tapadillo, subvirtiendo todo el sistema legal. Saltarse todas las garantías legales establecidas para alcanzar la oficialidad de un idioma. Y en vez de seguir el procedimiento reglado, lo vienen a hacer por la puerta de atrás. Y esa es la cuestión por la que VOX se planta ante esta situación. VOX alegaba que la iniciativa, recurrida por los 52 diputados de VOX, tiene varias implicaciones: 1. Autoriza a la administración a utilizar el bable que, a todos los efectos es como hacerlo oficial. 2. Vulnera el derecho de los ciudadanos de controlar al gobierno”.
“Pues bien, -continúa Figaredo-, el Tribunal Constitucional nos dice, respecto de la primera cuestión que mientras no se establezca la posibilidad de que todos los elementos de la Administración intervengan directamente en bable, no es oficialidad. Es decir, con que hubiese un solo funcionario al que no se permitiese intervenir en bable, no sería cooficialidad. Uno de los propios magistrados del Tribunal Constitucional señala cómo de absurdo es este razonamiento”.
Asimismo, en cuanto a la segunda cuestión, explica que “la sentencia señala que la Cámara tendrá que adoptar las medidas oportunas para que se garantice el correcto control al gobierno”. “No especifica qué medidas habrán de adoptarse”, concluye el diputado nacional, José María Figaredo.
