El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Badajoz ha denunciado que el alcalde ha impedido que dos mociones registradas por la formación, centradas en la seguridad y la protección de los vecinos, sean elevadas al Pleno para su debate.
Según Marcelo Amarilla, portavoz de VOX, el alcalde ha convertido el bloqueo sistemático a la oposición en su forma de gobierno, “con el fin de neutralizar cualquier iniciativa que no emane del Partido Popular”. Desde VOX recuerdan que son numerosas las mociones paralizadas por el alcalde, en los últimos meses, bajo la reiterada excusa de solicitar informes técnicos que “casi nunca llegan”.
Para la formación, esta práctica evidencia “una preocupante deriva en la gestión municipal”, marcada por la falta de transparencia, el uso partidista de los procedimientos administrativos y una actitud cada vez más autoritaria hacia la oposición. “Estamos ante uno de los equipos de gobierno menos transparentes y más arbitrarios que ha tenido este Ayuntamiento, ya que está utilizando la burocracia como herramienta de censura política”, ha denunciado Amarilla, quien ha recordado que el Pleno no es propiedad del alcalde ni del Partido Popular, sino el órgano de representación de todos los pacenses.
En cuanto a las mociones de febrero presentadas por VOX y rechazadas, la primera propone la elaboración de un Plan Municipal de Prevención y Actuación ante Accidentes Ferroviarios. El alcalde ha argumentado que la materia es competencia estatal y que corresponde a ADIF, el administrador de infraestructuras ferroviarias. Sin embargo, VOX recuerda que el Ayuntamiento sí tiene competencias claras en materia de Protección Civil y seguridad ciudadana conforme a la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local y a la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. Estas normas obligan a los municipios a elaborar planes de emergencia, evaluar riesgos dentro de su término municipal, coordinar a la Policía Local y a los servicios de Protección Civil e integrar riesgos específicos en su planificación territorial.
Marcelo Amarilla ha subrayado que Badajoz cuenta con tráfico ferroviario, paso urbano de trenes y zonas residenciales próximas a la infraestructura, por lo que el riesgo existe objetivamente. Ha señalado que el plan propuesto no pretende sustituir las competencias estatales, sino articular una respuesta municipal coordinada ante un posible accidente, con el establecimiento de protocolos de actuación, evacuación y coordinación con los servicios de emergencia. Amarilla ha sentenciado que el Ayuntamiento no puede eludir su obligación de planificar ante riesgos que afectan directamente a la seguridad de los vecinos.
La segunda moción, VOX plantea regular el acceso a dependencias municipales para garantizar que, cuando sea necesaria la identificación por motivos de seguridad o para la realización de trámites administrativos, el rostro esté visible. El alcalde ha rechazado igualmente su tramitación por “falta de competencia”. No obstante, VOX sostiene que el Ayuntamiento tiene capacidad para establecer normas de funcionamiento interno y regular el acceso a sus edificios públicos por razones de seguridad, por lo que esto supondría la exigencia de identificación y la obligación de descubrir el rostro cuando así se requiera.
La formación insiste en que esta iniciativa no pretende establecer prohibiciones generales, sino garantizar la seguridad y la correcta identificación en dependencias municipales. Asimismo, recuerda que en Burgos y en Alcalá de Henares ya se aprobó esta propuesta de VOX, con el voto a favor del PP, al constatar que la imposición obligatoria de determinadas prendas que cubren completamente el rostro, como son el burka o el nicab, afectan a derechos fundamentales como la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad entre hombres y mujeres, cuando dicha imposición recae exclusivamente sobre estas últimas.
VOX Badajoz considera que el bloqueo de ambas mociones impide un debate necesario sobre seguridad y prevención en la ciudad y lamenta que el alcalde haya optado por rechazar su tramitación en lugar de permitir que el Pleno se pronuncie sobre cuestiones que afectan directamente a la protección de los vecinos.
