El diputado de VOX Asturias, Gonzalo Centeno, preguntó hoy en el Pleno de la Junta General al consejero por los resultados de la Ley de Vivienda tras dos años de su entrada en vigor, aludiendo a informaciones de los medios en los que se recoge que los alquileres se disparan y la oferta se hunde en Asturias tras dos años de la Ley de vivienda. Esta tendencia, a juicio de Centeno, “es la consecuencia del desplome de la oferta que se ha producido al sentirse los propietarios desprotegidos, no solo por la regulación pública de los precios del mercado y por las declaraciones de zonas tensionadas que nos ha traído esta Ley, sino por las medidas excesivamente protectoras del inquilino que han fomentado los impagos y el fenómeno de la inquiokupación”.
Centeno calificó la ley de “intervencionista” y de haber provocado “el efecto contrario de lo que pretendían, es decir, que sean las clases más desfavorecidas de la población las que sufran esta tormenta perfecta. No se construye, ese es el principal problema. Las causas son múltiples: rigideces y trabas burocráticas en la gestión de suelo, subida de los costes de construcción, infrafinanciación, inseguridad jurídica y escasa inversión pública en políticas de vivienda”.
Y en cuanto al problema de la escasez de viviendas en alquiler “es un derivado del anterior -continuó el diputado de VOX- agravado por la falta de seguridad jurídica que han provocado las políticas de la izquierda. Si los precios de venta y de alquiler suben es debido a la falta de oferta, que en el caso del alquiler se ve agravada con la sobreprotección del inquilino ante posibles desahucios por impagos y al fomento de la okupación, a lo que la propiedad responde con fianzas, avales y otras rigideces que encarecen los contratos como son los novedosos seguros contra impagos, cuando no al desistimiento a contratar o la huida a otros usos como el alquiler por habitaciones o el turístico, que no están regulados, topados o intervenidos por su desastre de Ley de vivienda”.
Gonzalo Centeno terminó su intervención con un hecho anecdótico y es que “los propietarios no quieren familias con niños pequeños, puesto que en caso de necesidad el inquilino es más vulnerable y por tanto la posibilidad de desahucio ante impagos es nula. Es duro decirlo, porque tenemos un problema de natalidad y de pensiones enorme, pero es el Estado el que debe afrontar con vivienda y alquiler público esa necesidad, no cargándole el muerto al arrendador que sufre la pérdida de una renta legítima”.
