El diputado de VOX en la Junta General Gonzalo Centeno ha interpelado hoy al Consejo de Gobierno sobre la política de gestión de residuos tras la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que anula las resoluciones que permitían la transformación de la central térmica de La Pereda para quemar biomasa y CSR.
Centeno ha calificado la gestión del Ejecutivo como “un absoluto desastre”, y ha señalado que la sentencia supone “un clavo más en el ataúd de una política marcada por la ineficacia administrativa y la sumisión ideológica al ecologismo mal entendido”.
El diputado ha recordado que el TSJA deja claro que no estamos ante una simple modificación técnica de la central, sino ante una nueva instalación destinada a quemar residuos junto con biomasa. Además, la sentencia señala que el expediente está incompleto, ya que no define con precisión cómo será la nueva caldera, no concreta la composición del combustible CSR que se pretende utilizar y tampoco detalla qué se hará con los residuos que se generen tras la combustión.
Asimismo, ha destacado que la propia resolución judicial subraya la indeterminación sobre la composición del combustible y la incertidumbre ambiental derivada de su uso, así como la desviación del 66% entre las toneladas inicialmente previstas y las finalmente proyectadas.
Centeno ha vinculado este revés judicial con la gestión previa de la planta de valorización de Serín, que ha supuesto una inversión de 60 millones de euros más 15 millones anuales de costes operativos, además de los sobrecostes derivados del incendio sufrido sin que existiera seguro en vigor ni se hubiera recepcionado formalmente la instalación. “Nadie asume responsabilidades y los asturianos siguen pagando”, ha reprochado.
En relación con La Pereda, el diputado de VOX ha afirmado que el Gobierno pretende convertir la central en una incineradora de residuos bajo el eufemismo de biomasa y economía circular. “Se está hablando de quemar residuos para producir electricidad. Lo llamen como lo llamen, es coincineración”, ha señalado.
Centeno también ha cuestionado la viabilidad económica y técnica del proyecto, así como la falta de claridad sobre el suministro de biomasa y el coste real de la operación, y ha criticado la contradicción entre el discurso oficial y la realidad judicial. “No saben qué hacer con la basura y ahora el problema lo tienen en casa”, ha concluido, instando al consejero a explicar las consecuencias concretas de la sentencia y los pasos que piensa dar el Ejecutivo tras la anulación de las autorizaciones ambientales.
