El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Chipiona ha solicitado explicaciones inmediatas al alcalde, tras la reciente sentencia del Tribunal de Cuentas que le declara responsable contable por el abono de cantidades a miembros de la Policía Local sin el respaldo legal necesario.
Desde VOX Chipiona quieren dejar claro que no estamos ante un caso de enriquecimiento personal, pero sí ante un hecho de extrema gravedad en la gestión pública: el uso de fondos municipales en contra de los informes desfavorables de la Intervención y de la Secretaría General, órganos encargados precisamente de velar por la legalidad del gasto.
El portavoz del Grupo Municipal VOX, Javier Díaz Jurado, ha señalado que “el problema no es si el alcalde se ha llevado dinero o no. El problema es que ha tomado decisiones ignorando a los técnicos que están para proteger el dinero de todos los vecinos”.
La sentencia pone de manifiesto que el alcalde levantó reparos de la Intervención municipal y autorizó pagos que ahora han sido cuestionados judicialmente, generando un perjuicio económico que podría recaer finalmente sobre las arcas públicas.
Para VOX, este asunto no puede quedar reducido a un simple anuncio de recurso judicial. Lo que está en juego es el modelo de gestión: una forma de gobernar basada en decisiones unilaterales, al margen de los controles técnicos y jurídicos.
Asimismo, VOX Chipiona señala directamente la responsabilidad política del socio de gobierno, Izquierda Unida, que debe aclarar si conocía, avalaba o sigue respaldando esta forma de gestión. La ciudadanía merece saber si todo el equipo de gobierno comparte este proceder.
Por todo ello, VOX Chipiona ha solicitado que se informe de manera transparente sobre: las actuaciones iniciadas para la defensa de los intereses económicos del Ayuntamiento, las posibles medidas para la recuperación de los fondos afectados y de las responsabilidades políticas derivadas de estos hechos.
Para finalizar, VOX Chipiona afirma que “reiteramos nuestro compromiso con una gestión pública rigurosa, transparente y sometida a la legalidad, frente a prácticas que ponen en riesgo los recursos de todos los vecinos”.
