El senador de VOX José Manuel Marín ha intervenido en el debate de la Moción por la que se insta al Gobierno a promover la revisión del tipo penal del delito de intrusismo, recogido en el artículo 403 del Código Penal, regulando de forma específica el intrusismo sanitario, así como a estudiar una figura agravada para el mismo en periodo de crisis sanitaria, recordando que la nueva regulación incluía un aumento de las penas de multa previstas en el tipo básico, señalando que “quien ejerza actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España incurrirá en la pena de multa de doce a veinticuatro meses”.
Esta nueva redacción, aunque suponía un moderado aumento de las penas y una concreción del tipo agravado, no implicaba ni una revolución en su regulación ni tan siquiera un gran cambio respecto a la tipificación anterior, “y por tanto no cubría las expectativas que en ella habían depositado muchos colectivos, especialmente los profesionales sanitarios”, ha especificado el senador.
Marín ha reconocido que es necesaria la formación de una concienciación y una forma de pensar en la ciudadanía que comprenda la importancia que supone el conocimiento especializado, la especialidad en las profesiones y en especial las sanitarias, ya que es “totalmente necesaria la colaboración entre la administración y los colegios profesionales vinculados con el ámbito sanitario para poder mejorar la atención en todos los ámbitos de la salud pública, ya que si no se regulan medios para llevar a cabo acciones coordinadas entre estos organismos, se puede provocar desconcierto en los pacientes”.
“En VOX creemos necesaria y urgente una modificación en la normativa administrativa para poder actuar de forma más eficaz y coordinada contra el intrusismo y así evitar los graves perjuicios que pueden causarse a los pacientes”, ha señalado el senador, quien ha añadido: “La agravación de las penas con que se sanciona el intrusismo debería de venir acompañada de una mayor colaboración entre la Administración pública competente y los Colegios Oficiales ya que ambas persiguen el mismo objetivo”.
Finalmente, José Manuel Marín ha destacado que resulta igualmente necesario para atajar con efectividad estos delitos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lleven a cabo una mayor y estrecha colaboración con los Colegios Profesionales: “Hemos de indicar que el bien jurídico que se protege, persiguiendo este delito, no es tanto los intereses corporativos de una determinada profesión, como la protección de la salud pública”.
