Madrid, 31 de octubre de 2022.- La proliferación de viviendas ilegales en zonas rurales daña los cultivos y los regadíos de los agricultores en Madrid. A día de hoy el delito de construir una vivienda ilegal prescribe a los cuatro años y es el factor que permite que se consoliden infinidad de construcciones en las vegas de Madrid o en las zonas agrícolas, dañando así cosechas y regadíos. “En VOX estamos con nuestros agricultores, con nuestra soberanía alimentaria y con la protección de nuestro medioambiente”, ha defendido el portavoz de Vivienda de VOX en la Asamblea de Madrid, José Luis Ruiz Bartolomé.
Es por eso que el Grupo Parlamentario VOX en la Asamblea de Madrid ha conseguido acabar con las viviendas ilegales mediante la imposibilidad de que estos delitos prescriban. “Hemos conseguido que pueda incoarse un expediente en cualquier momento”, ha celebrado Ruiz Bartolomé.
Por otro lado, el GPVOX en la Asamblea de Madrid ha conseguido dinamizar y eliminar obstáculos en la tramitación de los desarrollos urbanísticos, protegiendo al mismo tiempo el bien común. Estas son algunas de las medidas que forman parte del acuerdo:
- Facilitar la utilización de redes públicas para la dotación de vivienda social en alquiler para jóvenes.
- Apoyar desburocratización y la agilización de las tramitaciones con las nuevas atribuciones de los Planes Especiales, la agilización de los avances de planeamiento urbanístico, la agilización de la modificación de los PGOU (incluyendo la corrección de errores materiales), y las transferencias de aprovechamiento en suelo urbano dentro de la misma área homogénea.
- Impulsar un sistema más ágil de tramitación de calificación urbanística.
- Facilitar el desarrollo facultativo por parte de los municipios de las entidades colaboradoras urbanísticas para el control de la tramitación de licencias.
- Acotar el alcance de los Proyectos de Alcance Regional, que en todo caso estarán sometidos a la legislación medio ambiental y sectorial, protegiendo nuestro entorno del impacto de los proyectos; y asimismo exigiendo la necesidad de justificar la utilidad pública de los mismos.
