“Este es el fruto de una herencia podrida tras casi cuatro décadas de gestión socialista, que siguen coartando el futuro y disponibilidad presupuestaria para la prosperidad de nuestra tierra” y de sus “malas decisiones políticas”. Así de contundente se ha mostrado la diputada del Grupo Parlamentario VOX en el Parlamento de Andalucía por Almería, Mercedes Rodríguez Tamayo, durante la sesión plenaria de este miércoles, en el transcurso del debate de autorización del acuerdo transaccional a suscribir por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la entidad mercantil José Manuel Pascual Pascual, SA.
Y es que, a través del citado acuerdo se autoriza al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a suscribir un acuerdo transaccional para abonar algo más de 121 millones de euros para poner fin a procedimientos judiciales en curso con Pascual, originados durante años de conciertos sanitarios suscritos por la Administración andaluza con dicha entidad, en su mayoría durante la etapa de gobierno del PSOE.
Rodríguez Tamayo ha defendido que “si se actúa con honradez y transparencia, todo es ventaja en”, algo con lo que “el PSOE debe estar de acuerdo, de lo contrario no se entiende que la hayan practicado durante tantos años en Andalucía”, como demuestra la firma de este concierto con Pascual desde 2011 y hasta el año 2021, por lo que “tienen muy complicado explicarles a los andaluces por qué razón no la apoyan ahora”.
PREOCUPACIÓN POR LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LAS COMARCAS AFECTADAS
Eso sí, Rodríguez Tamayo ha asegurado que “nos preocupa la asistencia sanitaria que se presta y se va a prestar en esas comarcas -Cádiz y Huelva- donde no hay alternativa pública a esos hospitales y hasta donde, a fecha de hoy, sólo podemos llegar a todas la población gracias a este tipo de conciertos con empresas privadas”.
Por ello, ha pedido al Gobierno de Moreno Bonilla que “abandonen sus políticas cortoplacistas”, “dejen de una vez de gestionar la herencia socialista” y “den todos los pasos posibles para que estas infraestructuras sanitarias, se planifiquen y se acometan de una vez”.
“Esta es su segunda legislatura, y en los Presupuestos 2023, que es el marco en el que hemos de ver reflejadas las soluciones, no vemos ni rastro de las inversiones en estos centros hospitalarios tan necesarios para la asistencia y cobertura de los vecinos de dichas zonas de influencia”, ha subrayado Rodríguez Tamayo.
No hay que olvidar que el pasado mes de abril el Gobierno de Moreno Bonilla, antes de las elecciones autonómicas del 19-J, firmó un nuevo convenio con Pascual por importe de 771 millones de euros para la construcción, en un plazo de cinco años, de otros 4 centros hospitalarios en Cádiz y 1 en Huelva. Mientras, en los Presupuestos de la Junta para 2023, en el anexo de inversiones por provincias, en la de Cádiz no se contemplan los nuevos centros de Villamartín, Sanlúcar o El Puerto, ni ampliaciones o nuevas instalaciones de los existentes, como el segundo Hospital Puerta del Mar. Tampoco en la de Huelva se contempla el Materno-Infantil, pese a que solo unas semanas antes de la presentación de los Presupuestos anunciaran que tenían un proyecto para su construcción.
VOX DENUNCIA LA PRECARIEDAD E INESTABILIDAD LABORAL DEL PERSONAL DE PASCUAL
La diputada de VOX también ha tenido palabras para los trabajadores de los que ha asegurado que “han estado prestando sus servicios con contratos precarios”, apuntando que “la falta se seguimiento e inspección ha llevado a barbaridades como que una auxiliar de enfermería que entró a trabajar en la empresa José Manuel Pascual en 1996 no fuese contratada como indefinida hasta 2018. Con una vida laboral de altas y bajas que más que una vida laboral parece un encaje de bolillos ante la Seguridad Social”.
“Si la Junta hubiese hecho sus deberes, los usuarios hubiesen tenido un mejor servicio y prestaciones, y los trabajadores no hubieses padecido durante años una inestabilidad personal y laboral, así como una alta rotación en la empleabilidad”, ha concluido Mercedes Rodríguez Tamayo.
Para Rodríguez Tamayo, este acuerdo “cumple con el compromiso de la estabilidad económica, la eficacia, la eficiencia y la suficiencia financiera como principios rectores de la programación presupuestaria y la gestión económica de los recursos públicos”, por lo que “no vamos a votar en contra”.
