VOX en Santa Cruz de Tenerife defenderá este viernes, 27 de febrero, en el Pleno municipal, una moción para rechazar la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes ilegales impulsada por el Consejo de ministros. La iniciativa busca el rechazo al acuerdo anunciado el 26 de enero de 2026 por el Gobierno de España y sus socios para aprobar una regularización extraordinaria mediante Real Decreto, sin someterla a debate ni votación en el Congreso de los Diputados.
El portavoz de VOX, Alejandro Gómez, defenderá la necesidad de poner fin a cualquier política migratoria que incluya nuevas regularizaciones, en un contexto marcado por la falta de vivienda, el aumento de la inseguridad, las dificultades de acceso al empleo y la saturación de los servicios públicos. Para Gómez, “en barrios como Cruz del Señor, muchos vecinos nos trasladan una sensación de tensión e inseguridad que no podemos ni debemos ignorar y, además, nuestros servicios públicos básicos están al límite, con urgencias hospitalarias saturadas y esperas muy prolongadas por falta de camas y personal”, por lo que reclama el rechazo de una regularización masiva “cuando nuestros barrios están saturados, faltan viviendas y recursos, y crece la preocupación vecinal por la seguridad en sus calles”.
Por ello, Gómez solicitará el rechazo a la regularización extraordinaria impulsada por el Consejo de Ministros, la auditoría exhaustiva de las concesiones de nacionalidad de los últimos años, la repatriación de quienes accedan ilegalmente a la Nación, así como de los menores extranjeros no acompañados junto a sus padres a sus países de origen, y el establecimiento de la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales y servicios públicos. Además, la propuesta de VOX también contempla la supresión de ayudas y beneficios sociales a inmigrantes ilegales, salvo las ayudas humanitarias necesarias hasta su devolución, la eliminación de subvenciones a asociaciones u organizaciones que promuevan o faciliten la inmigración ilegal, y la adopción de modificaciones legales para impedir fraudes de ley en expedientes de extranjería o solicitudes de asilo.
