La portavoz en el Parlamento de las Islas Baleares, Idoia Ribas, ha explicado este lunes que la proposición de VOX sobre la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística, que seguirá su trámite parlamentario correspondiente, no regulará el uso de las lenguas, sino cómo se va a exigir que las administraciones públicas cumplan con las leyes que regulan el uso de las lenguas”.
En cuanto al régimen sancionador, VOX ha confirmado que la intención de la proposición de ley no es sancionar a particulares ni a empresas privadas.
“Personas y empresas privadas en ningún caso se verán afectadas por el régimen sancionador”, ha declarado Ribas, y se ha referido al artículo 3 de la actual proposición de ley que establece que “las personas físicas y jurídicas de naturaleza privada ostentan el derecho de elegir libremente qué lengua oficial emplean en su actividad, sin verse sometidos en ningún caso a ningún tipo de imposición lingüística, directa o indirectamente”.
Sin embargo, Idoia Ribas, sí ha defendido que la ley incluya sanciones para aquellas administraciones que estén bajo las competencias del Parlamento, y a este respecto, ha declarado que “las leyes que incluyen obligaciones y deberes requieren un régimen sancionador porque si no, acaban siendo un brindis al sol, e incumplir una ley no tendría consecuencias”, y más, ha recalcado, “cuando son las administraciones públicas a las que queremos obligar a cumplir”.
Por otro lado, la portavoz de VOX ha negado que haya alguna crisis con el Partido Popular, y ha reiterado el apoyo de su formación política al gobierno de baleares: “VOX no va a retirar su apoyo al PP y confiamos en que van a cumplir el acuerdo de investidura igual que nosotros lo estamos cumpliendo”.
