Tras más de 15 años de pleitos, la empresa URBS IUDEX ET CAUSIDICUS S.A., concesionaria de la Ciutat de la Justicia de Barcelona y L’Hospitalet, ha logrado una contundente victoria frente al Catastro, gracias a una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) que deja al descubierto la desidia institucional y podría suponer un agujero de hasta 35 millones de euros en las cuentas públicas. El gran perjudicado: el contribuyente.
Desde 2008, la empresa denunciaba que se le imputaba de forma arbitraria la titularidad del 100% del inmueble, pese a que solo explota partes concretas como los aparcamientos o locales comerciales. La Generalitat, propietaria de los espacios judiciales, nunca fue considerada en el reparto del valor catastral. Para mayor escándalo, incluso zonas como calabozos o almacenes eran valoradas como oficinas de lujo. Una auténtica estafa institucional.
Aunque el TEAC ya anuló en 2020 la primera valoración por errores de procedimiento, el nuevo cálculo de 2023 empeoró la situación. La empresa volvió a recurrir, y el TEAC le da ahora la razón, señalando la flagrante vulneración del principio de reformatio in peius, que impide castigar al ciudadano por ejercer su derecho a recurrir.
El tribunal reconoce, además, que URBS IUDEX no es titular del conjunto del edificio y que la nueva valoración es nula. En consecuencia, se anulan los valores de 2023 y se ordena devolver la categoría más favorable.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de L’Hospitalet, Francisco González, ha denunciado que, “pese al impacto millonario que esta decisión tendrá en las arcas municipales, el Ayuntamiento de L’Hospitalet gobernado durante décadas por el socialismo clientelar ni siquiera se personó en el procedimiento. A diferencia del Ayuntamiento de Barcelona, que sí intentó defender los intereses públicos, L’Hospitalet se limitó a presentar informes técnicos, dejando desprotegidos a sus vecinos. Una dejación de funciones intolerable”.
El fallo se conoce en un contexto especialmente turbio: el presidente del TEAC, José Antonio Marco Sanjuán, ha presentado su dimisión tras ser acusado de haber cobrado sobresueldos ilegales a cambio de resoluciones favorables a ciertas empresas. Una mancha más en un sistema podrido que urge limpiar.
Francisco González ha denunciado que, “el impacto económico estimado para las arcas públicas es de entre 25 y 35 millones de euros. Una cifra escandalosa que será pagada, como siempre, por los vecinos en forma de recortes, subida de impuestos o falta de servicios. Una vez más, la mala gestión política se convierte en ruina para los españoles de bien”.
Por último, Francisco González ha sido contundente al asegurar que, “VOX exige transparencia, responsabilidades políticas y que se depuren todas las posibles implicaciones penales y administrativas derivadas de este caso. Los vecinos de L’Hospitalet no pueden seguir pagando los desmanes de una clase política y administrativa ajena al interés general”.
