«Este Gobierno déspota ha convertido la técnica del Decretazo en su modus operandi habitual». Así ha denunciado la diputada de VOX en el Parlamento de las Islas Baleares, Idoia Ribas el Decreto-Ley 5/2022 del ejecutivo de la socialista Armengol para regular fiestas y legales y sector del taxi en Ibiza.
Este Decreto-Ley modifica una Ley autonómica tramitada en el Parlamento en el año 2013. Ribas ha criticado que, una vez más, se impide la participación de los sectores implicados y el debate parlamentario. Además, no se dan motivos de urgencia para ello. La diputada no duda de que se trata de una estratagema para evitar un posible recurso: «porque no se conforman sólo con despreciar al poder legislativo, sino que también quieren limitar el poder judicial, vetando la posible intervención del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que queda fuera de juego cuando se trata de examinar las normas con rango de Ley, normas que sólo puede revisar el Tribunal Constitucional y que requieren la interposición de un recurso que solo pueden presentar el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y los gobiernos y parlamentos autonómicos, y así se aseguran de que ningún ciudadano o sector que se vea afectado por la norma pueda acudir a los tribunales a hacer valer sus derechos».
Otro de los puntos perversos del decretazo se encuentra en las disposiciones finales en las que se fijan modificaciones a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, algo prohibido por el artículo 49 del estatuto de Autonomía: «los Decretos leyes no podrán afectar, entre otras materias, a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma». La disposición final quinta del decretazo lleva por título «Modificación de la Ley de Presupuestos de las Islas Baleares para el año 2022».
