El diputado nacional de VOX por Granada, Jacobo Robatto, ha denunciado el “fraude masivo” que está provocando la política de regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, después de que la Guardia Civil haya desarticulado una red criminal que operaba en Granada y otras provincias ofreciendo contratos de trabajo falsos a inmigrantes ilegales para facilitar su regularización administrativa y el acceso a prestaciones y subsidios públicos.
La denominada Operación Lutanasol, desarrollada por la Guardia Civil, ha permitido esclarecer más de un centenar de expedientes fraudulentos de regularización y, según los investigadores, estas prácticas permitían incluso la obtención indebida de subsidios y ayudas públicas, generando un fraude superior a los 100.000 euros.
Para Robatto, “este caso confirma exactamente lo que VOX lleva años denunciando y que tanto PSOE como la izquierda intentan ocultar, que las políticas de efecto llamada y las regularizaciones masivas generan mafias, fraude y abuso de los recursos públicos pagados por todos los españoles”.
El diputado de VOX por Granada ha subrayado que mientras desde la izquierda repiten constantemente que todos los inmigrantes vienen a trabajar y a integrarse, “la realidad vuelve a desmontar ese discurso buenista”.
En su opinión, este caso es la demostración cómo proliferan redes criminales que se aprovechan del sistema y de los impuestos que pagan los españoles “para introducir de forma fraudulenta a personas que acaban accediendo a ayudas sin haber contribuido previamente”.
Moción de VOX en el Congreso
Robatto ha recordado además que VOX ya llevó recientemente al Congreso de los Diputados una moción para exigir la paralización del proceso de regularización masiva promovido por el Gobierno, iniciativa que fue rechazada por el PSOE y sus socios parlamentarios.
“Cada nueva regularización transmite el mensaje de que entrar ilegalmente en España acaba teniendo premio”, ha denunciado Jacobo Robatto, que ha acabado señalando que “el dinero de los españoles debe destinarse primero a los españoles, no a sostener un sistema que favorece el fraude y alimenta redes criminales”.
