El diputado de VOX en la Junta General Gonzalo Centeno ha cargado este viernes contra la gestión de Cogersa después de que el Tribunal de Recursos Contractuales obligara a cancelar un contrato de 5,3 millones de euros al detectar requisitos técnicos que solo cumplía un único fabricante, una coincidencia que, según el propio tribunal, resultó “poderosamente llamativa”.
Para Centeno, este nuevo episodio se suma a una cadena de decisiones fallidas en la política de residuos del Principado que evidencian “un despropósito tras despropósito que acaba pagando, como siempre, el contribuyente asturiano”.
El parlamentario ha recordado que el modelo impulsado por el Gobierno regional gira en torno a una planta que supuso una inversión inicial de 60 millones de euros, a los que se añaden unos 15 millones anuales de gastos operativos. “Se vendió como la solución definitiva al problema de los residuos en Asturias, se hizo una campaña de publicidad sin sentido y la planta acabó incendiándose sin estar siquiera recepcionada legalmente por la Administración y sin seguro de incendios”, ha señalado.
Centeno ha denunciado que, ante esa situación, “nadie ha asumido responsabilidades y han sido nuevamente los asturianos quienes han tenido que adelantar más de 14 millones de euros para afrontar las consecuencias del incendio”, elevando aún más el coste de una infraestructura que, a su juicio, “no ha cumplido los objetivos prometidos”.
El diputado de VOX también ha cuestionado la viabilidad del modelo de valorización de residuos impulsado por el Ejecutivo autonómico. “Nos dijeron que el CSR iba a generar ingresos y ayudar a financiar el sistema, pero la realidad es que no es más que basura empaquetada sin salida en el mercado, como demuestran las subastas desiertas incluso pagando para que se la llevaran”, ha afirmado.
En este contexto, Centeno ha advertido de las contradicciones del Gobierno regional en relación con el destino final de esos residuos y con el proyecto vinculado a la central térmica de La Pereda, cuya tramitación ha sido recurrida judicialmente y obligará a reiniciar procedimientos ambientales y técnicos, con el consiguiente aumento de costes públicos.
A su juicio, la anulación del contrato de los denominados “minipuntos limpios” por posibles irregularidades en el pliego “refuerza la imagen de mala gestión, falta de rigor y opacidad en la contratación pública vinculada a la gestión de residuos”. “Estamos hablando de millones de euros en contratos que tienen que repetirse por defectos que un gestor diligente debería haber evitado desde el principio”, ha subrayado.
Para Centeno, la política de residuos del Principado se ha convertido en “un agujero económico sin control”, con inversiones millonarias, sobrecostes, contratos fallidos y decisiones judiciales en contra.
