El Diputado de VOX en el Parlamento de Cantabria, Armando Blanco, se ha reunido con los representantes de la Asociación de Afectados por la Ley de Costas en Cantabria que se enfrentan a la “agonía” de ver cómo sus negocios y propiedades se enfrentan a una “desaparición inminente”.
La situación para todos aquellos que mantienen sus negocios en dichas concesiones, se ha complicado con una sentencia de la Audiencia Nacional que los lleva a realizar su actividad en cualquier otra ubicación“siendo inviable ese traslado para la amplia mayoría de los negocios que actualmente están establecidos en dominio público marítimo terrestre”. Según Blanco, esta sentencia “implicará la revisión y caducidad de todas las concesiones y acabará con un tejido productivo en Cantabria que supera ampliamente el 5 % del Producto Interior Bruto”.
Blanco ha destacado como este problema ha vuelto a ponerse de manifiesto con estas decisiones judiciales que “condenan a la desaparición de toda esta actividad económica frente a la pasividad del Gobierno de España y, por supuesto, el de Cantabria”.
“Cientos de negocios de nuestra región verán cómo, en poco tiempo, sus concesiones en dominio público marítimo terrestre se diluyen y, con ello, desaparecerán sus negocios, sus trabajos, su futuro y la actividad económica de la zona”, declara Blanco.
“Estamos hablando”, expone el Diputado de VOX, de un “tejido económico que va a necrosar por la incompetencia fanática de un gobierno de izquierdas y de la pérdida de actividad de negocios y empresas muy importantes de Cantabria. Explotaciones ganaderas, grandes empresas como Ferroatlántica o Equipos Nucleares o, incluso, instalaciones públicas como el Campo de Golf Abra del Pas que tienen sus días contados”.
Para VOX, “lo fundamental de una Democracia es la seguridad jurídica. Cuando los ciudadanos sufren la incertidumbre por culpa de decisiones políticas, ponemos de manifiesto la incapacidad de los políticos que gobiernan”.
Armando Blanco ha destacado que su partido “seguirá defendiendo” el futuro de estas empresas tanto en el Parlamento de Cantabria como en el Congreso ante todos aquellos que “desprecian los derechos de los actuales concesionarios”.
