El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Málaga ha vuelto a denunciar la estafa del equipo de gobierno del Partido Popular con las zonas de bajas emisiones, “la ZBE no es obligatoria y sólo busca sacar dinero a los malagueños”.
Ayer, asistimos a las jornadas organizadas por La Opinión de Málaga sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), donde la concejala de Movilidad del Partido Popular, Trinidad Hernández, dejó claro cuál es el verdadero objetivo de esta medida, que no es otro que “cobrar la subvención de 6 millones de euros de los fondos europeos Next Generation y sentar las bases para futuros peajes en nuestra ciudad”, ha señalado la portavoz adjunta de la Formación, Yolanda Gómez, quien ha continuado diciendo con respecto al tema que “nada de salud pública, nada de lucha contra la contaminación, nada de medidas proporcionadas, sólo afán recaudatorio y control sobre los ciudadanos”.
Para Gómez “nos han intentado vender la ZBE como una obligación ineludible, citando la normativa nacional de transición ecológica, pero han obviado convenientemente lo más importante: la directiva europea NO OBLIGA a implantar una ZBE”.
El anexo VIII de la directiva europea establece que se pueden aplicar distintas medidas para mejorar la calidad del aire y que cualquier decisión debe ser proporcional y ponderada según los intereses generales. Además, la nueva directiva publicada el 11 de diciembre de 2024 deja claro, recogiendo pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJUE), que ninguna medida puede ser impuesta sin un análisis de proporcionalidad. Y esto lo han ignorado deliberadamente.
La edil de VOX ha manifestado que “la concejala de Movilidad ha omitido que las sentencias del Tribunal Supremo de España, del TSJ de Madrid y del TSJ de Cataluña ya señalaron que la ZBE no es de aplicación si resulta desproporcionada y ya la anterior directiva recogía la posibilidad de aplicar otras soluciones para reducir la contaminación”.
Sin embargo, el PSOE, en su afán intervencionista, decidió transponer la directiva de forma abusiva. Ahora, la nueva directiva publicada el 11 de diciembre de 2024 y ya en vigor, matiza claramente que la ZBE no es obligatoria, pero el PP de Málaga sigue ocultando esta realidad a los ciudadanos.
La verdadera motivación de la ZBE
Para el Grupo Municipal en la intervención de ayer, Trinidad Hernández, dejó bastante claro cuál es el fin de la ZBE ya que no había ninguna premura en implantar la ZBE, “salvo por el interés en cobrar los fondos europeos y multar anualmente”.
Se han apresurado a colocar 33 puntos de acceso y 400 cámaras para un sistema de control masivo. Un sistema que, paradójicamente, se ha diseñado para que no afecte a los malagueños empadronados, a lo que Yolanda Gómez se ha preguntado, “¿Cómo obligan a quienes tengan etiqueta B o ningún distintivo a registrarse en un censo especial de residentes para que no les multen?”, a lo que ha continuado afirmando que “entonces, ¿dónde está la lucha contra la contaminación? ¡En ninguna parte! Lo único que buscan es multar a los vehículos de fuera de Málaga y forzar a la gente a domiciliar sus coches en la ciudad para recaudar más en impuestos de circulación” y ha sentenciado, “una estafa en toda regla”.
Pero aún hay más. Durante su intervención, la edil de Movilidad admitió que “Málaga no tiene un problema de contaminación atmosférica”, lo que desmonta por completo la justificación ambiental de la ZBE. Y, en un giro inesperado, reconoció que el modelo también se basa en los ruidos, algo que no tiene absolutamente nada que ver con la norma en la que se apoyan para implantar la zona de bajas emisiones. Han cambiado el discurso sobre la marcha porque saben que la medida no se sostiene.
Peaje Urbano
Además, han dejado caer lo que ya veníamos denunciando desde VOX. Trinidad Hernández dijo textualmente que “el Gobierno está negociando una norma para implantar un peaje por el uso de las carreteras del centro de las ciudades”, algo que el PP antes negaba y ahora empieza a reconocer. ” ¡Nos quieren poner un peaje urbano!”, ha afirmado la portavoz adjunta de VOX, quien ha señalado al hilo de esto que “lo que empezó con un sistema de cámaras de control terminará, como en otras ciudades, con un pago por circular, afectando a miles de trabajadores, autónomos y familias que necesitan su coche para ganarse la vida”.
Durante su exposición, Jiménez también evitó explicar qué pasa con los vehículos transmitidos entre residentes. Si un malagueño vende su coche con etiqueta B o sin distintivo a otro residente, ¿ese vehículo ya no podrá entrar en la ZBE? ¿Se perderá el derecho de circulación si cambia de propietario?, “No han dado respuestas porque ni ellos mismos saben cómo justificar este despropósito”, ha sentenciado Gómez.
En definitiva, para Yolanda Gómez “la ZBE no es más que una medida ideológica y recaudatoria que se disfraza de ecologismo para esconder su verdadero propósito: imponer restricciones a la movilidad y castigar a quienes no pueden permitirse un coche eléctrico”.
Desde el Grupo Municipal VOX Málaga “queremos dejarlo claro, no vamos a permitir que impongan este atropello”.
Yolanda Gómez ha finalizado diciendo que “vamos a denunciar esta medida por su falta de proporcionalidad y porque no responde a una necesidad real, sino a la agenda ideológica de la izquierda que el PP ha comprado sin rechistar, Málaga no se merece un Ayuntamiento que miente y oculta la verdad a sus ciudadanos”.
