El diputado de VOX en la Junta General, Gonzalo Centeno, ha ofrecido hoy un balance de los trabajos desarrollados hasta el momento por la Comisión de Investigación del accidente ocurrido el 31 de marzo en la mina de Cerredo.
A juicio del diputado, y tras las comparecencias de responsables de los servicios de Guardería de Medio Natural, Gestión Forestal, Montes e Inspección de Minas, los documentos y testimonios evidencian que la Dirección General de Minas incurrió en una clara responsabilidad al no comprobar las actividades reales que se desarrollaban en el entorno del Grupo Cerredo. “Desde 2021, cuando se inician los trabajos de la Comisión, hasta el accidente del 25 de agosto de 2022, en el que murió un trabajador y otro perdió una pierna, la actuación fue notoriamente deficiente, ya que nadie comprobaba lo que se hacía allí”, explicó Centeno, recordando que las visitas de inspección “siempre se anuncian con antelación”, lo que da la posibilidad de “ocultar actividades irregulares o ilegales”.
El diputado de VOX detalló que, “tras el accidente, se acreditó que el carbón transportado por el camión siniestrado procedía de una mina interior sin autorización de explotación, en proceso de cierre”, y denunció que, pese a ello, la Administración autorizó después nuevas transmisiones mineras en condiciones irregulares. “Se permitió la concesión de derechos a una mercantil sin informes de solvencia, sin plan de restauración y sin fianza, amparándose en un instrumento –el llamado Permiso de Investigación Complementaria– que ni siquiera figura tipificado por la Ley ni por el Reglamento de Minas”, señaló.
Centeno subrayó además que “ese permiso se concedió única y exclusivamente porque la solicitud venía amparada por una subvención del Instituto de Transición Justa”, lo que a su juicio revela “una actuación que podría haber sido influida por autoridades superiores”.
Asimismo, Centeno ha advertido que tras el accidente “se autorizaron nuevas transmisiones y actividades extractivas en condiciones irregulares, sin los informes de solvencia, planes de restauración ni fianzas exigidas por ley”, y que incluso “se permitió la extracción de 60.000 toneladas de carbón amparadas en un permiso que no figura tipificado ni en la Ley ni en el Reglamento de Minas”.
El diputado también cuestionó el papel de la Comisión de Seguimiento Minero, que calificó de “prácticamente superflua”, ya que “sus actas no tienen fuerza ejecutiva, el orden del día lo fija la Administración y las sugerencias pueden ser ignoradas”. “Lo que nos demuestra esta comisión es que la Administración se audita a sí misma y no rinde cuentas a nadie”, denunció.
Por último, Centeno criticó el estado actual de la Inspección de Minas, asegurando que “ha pasado de ser una institución respetada a una burocracia de despacho”. “Hace 30 años los inspectores imponían respeto; hoy avisan con antelación de sus visitas, no actúan de oficio y apenas pisan las explotaciones. Se limitan a certificar lo que les dicen”, lamentó.
VOX continuará trabajando en la comisión para esclarecer dos cuestiones clave: “Si la Inspección de Minas facilitó la tramitación de la autorización concedida en julio de 2024 a las empresas vinculadas a Jesús Rodríguez Morán, y si lo hizo por iniciativa propia o siguiendo instrucciones de niveles superiores”, concluyó Centeno.
