La ocupación ilegal de viviendas en España se ha convertido en una lacra que atenta directamente contra el derecho a la propiedad privada, un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución.
Sin embargo, lejos de poner freno a esta situación, el Partido Popular ha decidido plegarse a las políticas de la izquierda con el denominado «decreto ómnibus», votando a favor de la suspensión de los desahucios y promoviendo en su plan de vivienda que sean los ciudadanos, con sus impuestos, quienes financien el alquiler de los ocupas.
Los datos facilitados por el Gobierno reflejan el alarmante aumento de los casos de ocupación en España. Según el Ministerio del Interior, en 2024 se registraron 16.426 ocupaciones (allanamientos y usurpaciones denunciadas). Para la portavoz adjunta del Grupo Municipal VOX Málaga, Yolanda Gómez, ha señalado que “estas cifras no reflejan la magnitud real del problema, ya que no contabilizan las «inquiokupaciones» ni los casos resueltos extrajudicialmente”, ya que “se estima que, sumando ambas modalidades, la cifra podría superar ampliamente los 100.000 casos en toda España”.
“A este grave problema se suma el hecho de que los okupas pueden empadronarse en la vivienda que han usurpado, accediendo así a derechos y beneficios sociales sin que los ayuntamientos establezcan mecanismos de control efectivo”, afirma Gómez, quien argumenta que “en lugar de perseguir estas prácticas, los poderes públicos las han legitimado mediante normativas que amparan la ocupación y dificultan la recuperación de los inmuebles por parte de sus legítimos propietarios”.
La raíz del problema se encuentra en el Real Decreto-ley 11/2020, conocido como «decreto antidesahucios», ha suspendido automáticamente los desalojos si el ocupante se declara vulnerable. Aunque se presentó como una medida temporal, ha sido prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2025 con la reciente aprobación del Decreto Ómnibus.
Y este problema se ha agravado por la inseguridad jurídica generada por la Ley de Vivienda aprobada por PSOE en 2023, que ha prolongado los plazos de desahucio y ha trasladado a los propietarios la obligación de investigar la situación de vulnerabilidad de los inquilinos, “como consecuencia, los propietarios no sólo ven retrasada la recuperación de su vivienda, sino que deben asumir el coste de esta situación sin contar con ningún tipo de protección efectiva”, ha apostillado la edil.
Aumento de los casos de ocupación
En Málaga, la Oficina del Derecho a la Vivienda ha confirmado el aumento alarmante de casos de ocupación ilegal, reflejando cómo las políticas gubernamentales han generado un efecto llamado. Entre 2019 y 2023, los casos de ocupación ilegal se han triplicado en nuestra ciudad, coincidiendo con la aprobación de normativas que han favorecido la impunidad de los ocupas.
Todo ello es lo que ha incentivado la inquiocupación y reducido la oferta de alquiler disponible en el mercado. Para Gómez “como resultado, muchos propietarios han retirado sus viviendas del alquiler tradicional, apostando por modalidades de temporada o turísticas, agravando aún más la crisis habitacional”.
Hace unos días, el Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Málaga, mantuvo una reunión con la Plataforma de Afectados por la Ocupación, trasladando éstos, testimonios escalofriantes: propietarios que han sido despojados de su vivienda y que, mientras los ocupas disfrutan de su propiedad, se ven obligados a dormir en trasteros o alquilar otras viviendas, incluso casos de narco-okupación para cultivar la marihuana. Además, muchos no pueden ni acceder a la indemnización prevista en el RD-ley antidesahucios, ya que las compensaciones llegan con años de retraso o ni siquiera se conceden.
Según ha transmitido la concejal de VOX, “desde esta plataforma, nos informaron, que en casos de inquiocupación el proceso de desalojo puede extenderse hasta cinco años, sin que haya una fecha clara de lanzamiento, ya que el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) no proporciona alternativas habitacionales a los ocupantes vulnerables, pero sí emite informes de vulnerabilidad sin realizar un seguimiento efectivo”. Es más, en algunos casos, los Servicios Sociales del Consistorio malagueño apenas verifican la situación de vulnerabilidad real de los ocupas, permitiendo que esta situación se perpetúe indefinidamente.
Además, afirma que “no se verifica si en los países de origen de estas familias vulnerables tienen propiedades, aún perteneciendo a la Unión Europea”.
Desde el Grupo Municipal VOX Málaga “exigimos medidas firmes para garantizar el derecho a la propiedad privada y la seguridad de los ciudadanos”, ya que “no podemos permitir que la ocupación ilegal siga creciendo amparada por una legislación que protege a los que incumplen la ley y abandona a los propietarios”.
“Es necesario endurecer la normativa, impedir el empadronamiento de ocupas, reforzar la seguridad jurídica y garantizar que los propietarios puedan recuperar sus viviendas en un plazo razonable” ha dicho Gómez.
Por ello, en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Málaga, presentaremos una moción instando al Consistorio a adoptar medidas urgentes contra la ocupación ilegal, como endurecer la normativa, impedir el empadronamiento de ocupas, crear una unidad específica de Policía de Barrio para combatir la ocupación ilegal, exigir al Gobierno de España la derogación de la Ley de Vivienda y la revocación de la prórroga del «decreto antidesahucios», y a establecer mecanismos de control efectivo sobre los informes de vulnerabilidad emitidos por los Servicios Sociales municipales.
“No podemos seguir permitiendo que la incompetencia de los gobiernos convierta a los propietarios en las víctimas de unas políticas de vivienda fracasadas”, ha finalizado diciendo Yolanda Gómez.
VOX seguirá defendiendo a los ciudadanos honrados y el derecho a la propiedad privada frente a los abusos de una legislación que ampara a los ocupas y abandona a los propietarios. Es hora de poner fin a la impunidad y de devolver la seguridad jurídica a quienes sí cumplen con sus obligaciones.
