El portavoz del Grupo Parlamentario VOX en Andalucía, Manuel Gavira, ha denunciado que, según se ha conocido hoy, hay 6.400 mamografías y miles de ecografías, TAC y resonancias magnéticas sin hacer. La formación ha criticado que las explicaciones que daban las direcciones del Gobierno andaluz a los responsables de esas unidades en el Hospital Virgen del Rocío eran que “no había recursos” y ha vuelto a pedir la dimisión de Moreno Bonilla.
A este respecto, Gavira ha señalado que a finales de enero de este año las listas de espera de mamografía en el Virgen del Rocío se habían duplicado, es decir, “no estamos mejor, estamos peor”. En este sentido, el portavoz de VOX ha reprochado a Moreno Bonilla que “para que le estemos agradecidos nos va a poner wifi gratis en los hospitales”.
En relación con la huelga de médicos de esta mañana, Gavira ha apoyado las demandas de los profesionales sanitarios y ha lamentado que Moreno Bonilla “podría hacer mucho más y no lo hace”. Asimismo, el portavoz de VOX en Andalucía ha señalado a los responsables, la Junta de Andalucía y el Gobierno de Sánchez.
Del mismo modo, Gavira ha advertido que tras ocho años en el Gobierno, Moreno Bonilla ha prometido modificar el modelo organizativo del SAS. “Vuelve a prometer lo que ya había hecho anteriormente”, ha recalcado.
El portavoz de VOX también ha criticado que Moreno Bonilla sigue poniendo primeras piedras cuando debería anunciar las últimas piedras, como por ejemplo el Hospital Materno Infantil de Huelva o el convenio del Hospital de Cádiz. “Hasta que no veamos los ladrillos, las excavadoras, las máquinas y los trabajadores allí haciendo el hospital no nos vamos a creer nada de ninguno de estos”, ha sentenciado.
Durante la rueda de prensa semanal, Gavira ha anunciado que VOX va a registrar en el Parlamento de Andalucía una iniciativa para solicitar la derogación del decreto de sanidad universal impulsado por el Gobierno de Sánchez porque “viene a retorcer aún más si cabe el colapso que hay en la atención sanitaria”.
Con esta iniciativa, la formación busca priorizar a los españoles en el ejercicio de la sanidad pública, siempre por supuesto garantizando las urgencias vitales y que en el caso de los inmigrantes legales se vinculen los servicios públicos a la cotización para que “la gente no entienda que el turismo sanitario es libre”.
Finalmente, Gavira ha concluido exigiendo más transparencia y conocer “cuál es el impacto económico de la inmigración ilegal en la atención sanitaria que recibimos los andaluces”, porque en la Comunidad Valenciana en los últimos siete años ha supuesto 555 millones de euros.