Desde su entrada en el Ayuntamiento, VOX El Molar ha denunciado denunciando una realidad frente a la que, aseguran, “demasiados prefieren mirar hacia otro lado”: los empadronamientos ilegales y el uso de determinados recursos públicos como herramienta para cronificar el problema de la ocupación y la inseguridad jurídica del propietario. Según detalla su portavoz, Fernando Hernández, no se trata de un caso aislado ni reciente, sino de una situación que viene de lejos y que otros partidos no solo han consentido, sino que además han alentado.
Desde la formación sostienen que, tanto en el municipio como en el conjunto de España, muchos partidos políticos son conscientes de que se están produciendo empadronamientos irregulares. Sin embargo, denuncian que la dejadez de quienes deben actuar y el silencio de quienes deberían fiscalizar estas situaciones les convierte en “cómplices de las terribles consecuencias que hoy sufren los españoles”.“Cuando una administración tolera lo irregular, deja de ser un espectador y pasa a formar parte del problema”, denuncia Hernández.
El edil apunta también al funcionamiento de los servicios sociales, que en muchos casos serían los primeros en conocer estas situaciones. Para Hernández,, se mantienen dinámicas que generan alarma entre los vecinos, concediéndo ayudas en contextos que reflejan hacinamiento y falta de control. “Se dan casos en los que una menor convive con numerosos adultos sin relación familiar entre sí, y pese a ello el sistema sigue tramitando prestaciones como si nada estuviera ocurriendo. Esto no solo evidencia una falta de supervisión, sino que además envía un mensaje peligroso: que todo vale”, el portavoz de VOX.
Asimismo, el concejal advierte sobre la emisión de informes o justificantes de vulnerabilidad que, presentados ante los juzgados, pueden utilizarse para dilatar procedimientos de desalojo en casos de ocupación o “inquiokupación”. “El resultado es conocido por muchos propietarios: procesos que se alargan durante meses —incluso más— con el consiguiente perjuicio económico y personal para quien, legítimamente, intenta recuperar su vivienda. Y mientras tanto, el propietario paga; el ocupante se beneficia; y la administración se desentiende”, denuncia.
Hernández recuerda además que ha sufrido reprobaciones en plenos no solo en El Molar, sino también en Pedrezuela, San Agustín de Guadalix y Guadalix de la Sierra, por poner el foco sobre el funcionamiento de los servicios sociales de la Mancomunidad Vega del Guadalix. “En lugar de investigar y corregir, se intenta silenciar”, lamenta.
El concejal sostiene que los servicios sociales de la Mancomunidad Vega del Guadalix “no están cumpliendo la función para la que fueron creados” y añade que cuando la respuesta de quienes gestionan estos servicios es que “hacen lo que les mandan la Comunidad o el Gobierno central”, lejos de tranquilizar, refuerza la denuncia: “Si todo depende de órdenes superiores, entonces queda aún más claro que quienes gobiernan —y quienes han gobernado— tienen responsabilidad directa”.
Por todo ello, el portavoz de VOX afirma que el bipartidismo “no solamente son cómplices: son parte del problema, porque no han querido atajarlo”. A su juicio, “no basta con declaraciones o gestos. Hace falta voluntad política para revisar empadronamientos sospechosos, reforzar controles, proteger a los menores, garantizar que las ayudas lleguen a quien realmente las necesita y, al mismo tiempo, defender el derecho de propiedad y evitar que la vulnerabilidad se convierta en coartada para perjudicar al ciudadano cumplidor”. “El Molar no merece instituciones que se resignen. Merece transparencia, control, responsabilidad y valentía para actuar”, concluye Hernández.
