El Grupo Parlamentario VOX en las Cortes Valencianas ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno de España a asumir los costes de construcción, no subvencionados con fondos europeos, ocasionados por las desaladoras de Oropesa-Cabanes, Moncófar y Sagunto en su integridad y también los gastos de mantenimiento de sus instalaciones, producción de agua desalada y futuras canalizaciones a otras localidades.
En la iniciativa parlamentaria también se exige que se realice un estudio en el que se analicen los usos alternativos que se les puede dar a las plantas desaladoras de Oropesa-Cabanes y Moncófar, de manera que se pueda garantizar su rentabilidad. Además de no ceder la propiedad de las desalinizadoras a ninguna región de España para poder garantizar una gestión centralizada de un asunto tan vital como es el agua y sentar las bases para una verdadera política nacional de los recursos hídricos.
La diputada del GP VOX en las Cortes Valencianas, Ana Bellver, ha explicado que “a lo largo del territorio valenciano, se encuentran siete plantas desalinizadoras, que carecen de la rentabilidad esperada, como es el caso de las de Cabanes-Oropesa, Moncófar y Sagunto. Se proyectaron en un momento en el que la construcción estaba en pleno rendimiento y habían programados grandes proyectos urbanísticos, que de haberse llevado a cabo podrían haber supuesto un gran aumento de la población.”
“La planta desaladora de Oropesa-Cabanes se proyectó con la previsión de que estuviera a pleno rendimiento en el año 2009 para abastecer de agua a una población que llegaría a las 225.000 personas, cuando en ese momento apenas contaban con 90.000 personas entre ambos municipios. Sin embargo, el hecho de que tales proyectos no se ejecutasen, supuso que el aumento poblacional previsto no se produjese y que su puesta en funcionamiento fuese inviable y por lo tanto se paralizara.”
Pasados los años, las desaladoras han empezado a funcionar parcialmente y, en ocasiones, “in extremis” para no tener la obligación de devolver las subvenciones a Europa. Esta puesta en marcha se ha realizado a raíz de firmar convenios con los Ayuntamientos pero que no son una solución definitiva ya que serán estos los que finalmente acaben asumiendo el coste de la construcción que no fue subvencionada previamente.
En gran parte, la construcción de las desaladoras está financiada con fondos FEDER europeos. En concreto, la desaladora Oropesa-Cabanes recibió 17,2 millones de euros y la de Moncófar a 17,9 millones. Sin embargo, el coste de las mismas asciende a prácticamente el doble de estos importes, a lo que hay que sumar los gastos de mantenimiento de las instalaciones y producción de agua desalada.
En esta PNL se recuerda que se debe dar un trato igualitario en toda España, el Gobierno de Sánchez ha asumido el coste en Cataluña y en otras comunidades autónomas, pero, en el caso de las desaladoras de la provincia de Castellón, se prevé que el importe de 116 millones de euros lo tengan que pagar los Ayuntamiento de Moncófar, Xilxes, Benicassim, Oropesa y Cabanes. Esto es una muestra más de la sumisión del Gobierno de la Nación ante el separatismo catalán porque no solo va a asumir los 500 millones de euros de capital de las dos nuevas desalinizadoras de Cataluña, sino que cederá su propiedad al ente autonómico de gestión de agua.