Chiclana de la Frontera, 17 de julio de 2025. – El Grupo Municipal VOX Chiclana pide explicaciones al delegado municipal de Vivienda de Román, Francis Salado, sobre su presunta participación en la supuesta revelación de datos personales, coacción y estafa a la inquilina de una vivienda de alquiler en Chiclana. Para explicar esta situación, el portavoz municipal de VOX, Manuel Vela, detalla la cronología de los hechos que le ha transmitido la propia arrendataria de este inmueble. Hechos que derivaron en la correspondiente presentación ante la Guardia Civil de una denuncia por amenazas el pasado 24 de junio.
El portavoz detalla que, según la inquilina, el alquiler de su vivienda fue directamente gestionado con una empresa inmobiliaria a través de la Delegación Municipal de Vivienda, por el mismo delegado municipal al frente de la misma, Francis Salado, y otra persona autorizada por la empresa inmobiliaria, tal y como reza el contrato de alquiler firmado el 22 de octubre de 2024. Esta persona autorizada, que el delegado puso en contacto con la arrendataria, cuenta además en su haber con una denuncia por estafa.
La denunciante paga por el alquiler de esta vivienda 550 euros mensuales, de los que el Ayuntamiento subvencionaba cada mes, y durante medio año, 330 euros. Esta subvención se aprobó el pasado mes de diciembre y expiró en junio, señala VOX.
Por otro lado, la inquilina pagó 5.000 euros en concepto de fianza a la persona autorizada, que aparece en el contrato de alquiler junto al concejal. La arrendataria, explica Vela, indica que el destino de este dinero, que también viene recogido en este contrato, se desconoce y aclara que incluso la empresa de alquileres no llegó a recibir esta suma.
“Sospechamos de la existencia de un interés por que la arrendataria abandone su vivienda. La afectada nos relató que, incumpliendo de manera flagrante la Ley Orgánica de Protección de Datos, se habían hecho públicos ante la empresa inmobiliaria datos especialmente sensibles y privados por parte del delegado de Vivienda y la otra persona autorizada”, detalla Vela.
El portavoz señala que desde marzo se lleva coaccionando a la inquilina para que rompa voluntaria y prematuramente el contrato suscrito, a pesar de que la validez del mismo es de cinco años y se formalizó el pasado mes de octubre.
“La inquilina nos explica que desde entonces se han ido sucediendo un cúmulo de circunstancias cada cual más dantesca. En primer lugar, alguien que supuestamente se identificó como directora de la inmobiliaria se personó en la vivienda avisando que iba a reventar el bombín de la puerta, absteniéndose al final de hacerlo tras comprobar la existencia de cámaras de seguridad. Luego se contrató a una empresa para desalojar a la inquilina sin éxito, acción que conllevó la correspondiente denuncia ante esta empresa por parte de la arrendataria”, continúa Vela.
La gota que colmó el vaso tuvo lugar el pasado 23 de junio. “La inquilina nos cuenta que un hombre se presentó en su domicilio y que acto seguido la cogió del cuello y le amenazó diciendo: “O te vas o te encuentras el perro rajado”. El agresor además afirmó a la víctima que iba “de parte de ellos y de Francis -el delegado de Vivienda-”, recalca el portavoz
Poco después a la arrendataria se le bajó al mínimo súbitamente la potencia del suministro de luz, estando al día de los pagos de los recibos. Esta medida hace que la inquilina apenas pueda tener varias bombillas encendidas a la vez. “También surge la duda de si se quiere extinguir el contrato en marzo que ocurre con la subvención que el Ayuntamiento paga hasta junio”, subraya Vela.
El último hecho de esta cronología tuvo lugar hace escasos días, cuando la inquilina, según explica, fue despedida de su trabajo después de que la empresa contratada para desalojarla incumpliese la Ley Orgánica de Protección de Datos para poner en conocimiento de la empresa en la que trabajaba dicha información especialmente sensible y privada.
“La presunción de inocencia siempre va por delante, pero entendemos que las acusaciones son demasiado graves y que al señor Salado no le queda otra, como servidor público y delegado de Vivienda, que ser transparente y dar explicaciones. Sobre todo cuando llega a nuestros oídos la posibilidad de que este no sea un caso aislado. Lo que no es de recibo es que se quiebre la Ley para estigmatizar y cerrar la puerta a la reinserción social a esta persona. Lo que no se puede permitir es que, según la conveniencia, se trate como una okupa o una inquiokupa a alguien al corriente de pago de su alquiler y con un contrato de arrendamiento vigente y cuyas cláusulas se cumplen. Curiosamente, cuenta la inquilina, sus puntos en el registro de demandantes de vivienda se vieron reducidos tras presentar la denuncia”, detalla el portavoz.
“El delegado de Vivienda de Román debe explicarse ante la ciudadanía. Algo a lo que, por otro lado, no está acostumbrado un PSOE inmerso en una espiral de corrupción y enriquecimiento mediante la contratación pública. Un PSOE que es el de Pedro Sánchez, Ábalos y Cerdán, pero que también es el de Román”, concluye Vela.
