El grupo parlamentario de VOX en Cataluña ha presentado una moción para derogar el Pacte Nacional per la Llengua, en la que solicita destinar los 255 millones de euros previstos a cubrir “necesidades acuciantes de los catalanes: mejora del sistema sanitario, apoyo a la dependencia o vivienda social”.
El diputado de VOX, Manuel Acosta, ha señalado que “a pesar de que Cataluña es una región bilingüe desde hace más de 500 años, los catalanes vivimos en un régimen de diglosia; es decir, en una situación de convivencia de dos lenguas propias, maternas, oficiales y mayoritarias, en la que una de ellas, el catalán, domina o prevalece sobre el castellano, que queda relegado a situaciones socialmente inferiores como la oralidad o la vida familiar, por motivos políticos. Y eso, pese a que el castellano es la lengua materna de más del 50 % de los catalanes”.
Como ejemplo, ha mencionado “la prohibición de rotular los comercios en castellano; el uso exclusivo del catalán en los documentos oficiales de las administraciones públicas; la emisión íntegra en catalán de la programación de la televisión y la radio públicas de Cataluña; la señalización de la vía pública exclusivamente en catalán; el sistema educativo basado en el monolingüismo en catalán, donde solo esta lengua es vehicular; la exigencia del nivel de catalán para acceder a la función pública en Cataluña; los cerca de 160 millones de euros de dinero público destinados a política lingüística el pasado año, y los 255 previstos para este, con el objetivo de imponer el catalán incluso en los ámbitos más privados: espiar patios de colegios, comercios, vía pública…”
Por todo ello, VOX ha solicitado derogar el pacto y todas las disposiciones normativas que amparan el uso exclusivo del catalán en la educación, la sanidad, la señalización pública, la documentación administrativa y los medios de comunicación públicos, ya que provocan disgregación social y falta de cohesión al menospreciar la realidad sociolingüística y cultural de Cataluña —donde más del 50 % de la población tiene el castellano como lengua materna—.
Asimismo, VOX reclama el cumplimiento de las sentencias judiciales que garantizan la libertad de elección lingüística de los ciudadanos en todos los ámbitos, así como la aplicación de las recomendaciones del Parlamento Europeo ante la vulneración de los derechos lingüísticos en Cataluña, especialmente en el ámbito escolar. El catalán debe ser un mérito, no un requisito excluyente, para el acceso a la función pública, garantizando así los principios de mérito, capacidad e igualdad entre todos los españoles.
Por último, VOX insiste en que los 255 millones de euros del Pacte Nacional per la Llengua se destinen a necesidades urgentes de los catalanes: mejora del sistema sanitario, apoyo a la dependencia y vivienda social.
