El diputado de VOX por la provincia de Tarragona en el Parlament de Catalunya, Sergio Macián, ha dejado claro este jueves en la sala de plenos de la cámara catalana que el partido instará a realizar las modificaciones legislativas que haga falta con el objetivo de derogar y suprimir la figura del Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo en Cataluña.
Desde hace 17 años este cargo lo ejerce Rafael Ribó a quien Macián no ha dudado en definir como “un auténtico bon vivant de la política” que lleva “toda una vida viviendo de lo público” y que “actúa como una correa de transmisión del gobierno separatista y como comisario de su propaganda”.
Durante su intervención ha criticado que en ningún momento haya condenado “las apologías a la violencia hacia VOX, el partido más atacado en Cataluña” según el informe del Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña en el año 2020, elaborado por Impulso Ciudadano y el Movimiento contra la Intolerancia.
Además, le ha recriminado que no vele por los derechos de los catalanes ante situaciones como “los cortes de la Meridiana” o el plantón a VOX por parte de la consejera de Salud, Alba Vergés; y que no haya hecho nada en relación a la “a la vulneración del principio de neutralidad política por parte de algunas universidades” y a las “multas lingüísticas” que van en contra del principio de oficialidad del castellano.
Por otro lado, el presidente del grupo parlamentario de VOX, Ignacio Garriga, ha responsabilizado al gobierno de la Generalitat de la grave situación de emergencia social, económica y sanitaria que se está viviendo en Cataluña. «Ustedes siguen escenificando su teatro, su particular ‘Juego de Tronos’ entre Waterloo y Lledoners, un juego entre golpistas”, ha asegurado; mientras que «lo que quieren los catalanes es levantar sus negocios y acabar con las restricciones arbitrarias”.
El portavoz del grupo, Juan Garriga, por su parte, ha recriminado con dureza a la consejera de Salud que dejara fuera del plan de vacunación a colectivos esenciales tanto a los agentes de la Policía Nacional como a los de la Guardia Civil que operan en Cataluña. Una decisión que ha calificado como “un acto supino de sectarismo” y ha advertido que “les vamos a vigilar muy de cerca porque son capaces de las peores fechorías”.
Por otra parte, el portavoz adjunto, Antonio Gallego, ha detallado en su intervención la realidad económica de Cataluña, derivada de la pésima gestión por parte del gobierno de la Generalitat, y que el separatismo trata de ocultar. En este sentido, ha dejado claro, entre otras cuestiones, que «las empresas que huyeron de Cataluña tras el golpe del 1-O no han vuelto” y que “decir lo contrario es falso”.
