VOX exige elevar al 50% la reserva de plazas para los vecinos de Mancha Real en la residencia La Inmaculada

El concejal Francisco Ruiz registra en el Ayuntamiento una moción para modificar el convenio actual y recuerda que el centro se financió íntegramente con los impuestos de los mancharrealeños

Francisco Ruiz, concejal portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Mancha Real, ha registrado una moción plenaria con el objetivo de “garantizar que, como mínimo, el 50% de las plazas de la residencia de mayores ‘La Inmaculada’ se reserven de forma prioritaria para los vecinos empadronados en el municipio”. 

La iniciativa busca frenar el criterio de adjudicación actual de la entidad gestora, que planea destinar únicamente el 20% de las plazas a la población local, al estar el 80% restante reservado para plazas concertadas con la Junta de Andalucía.

Ruiz ha fundamentado esta reclamación en que el centro residencial fue construido íntegramente con fondos públicos municipales, “lo que supuso un esfuerzo económico directo para cada uno de los contribuyentes de Mancha Real a través de sus impuestos”. El concejal de la formación considera de “justicia” que una inversión sufragada por el pueblo revierta prioritariamente en el bienestar de sus propios mayores.

“Es inadmisible que los vecinos de Mancha Real, que han pagado de su bolsillo esta infraestructura, se arriesguen a quedarse sin plaza en su propio pueblo mientras se cede el 80% a la Junta de Andalucía”, ha denunciado. «Nuestros mayores tienen derecho a permanecer en su entorno, cerca de sus familias y de su vida social. No podemos consentir el desarraigo que supone tener que trasladarlos a otros municipios por falta de plazas en una residencia que ellos mismos han financiado», ha apostillado.

Con la actual distribución de plazas, la formación advierte del riesgo real de que personas mayores de la localidad con necesidad urgente de ingreso se queden sin plaza disponible en su municipio. Por ello, la propuesta de acuerdo insta formalmente al equipo de Gobierno local a adoptar las medidas necesarias y, si fuera preciso, a modificar o suscribir un nuevo convenio con la entidad titular o gestora del centro para blindar jurídicamente la prioridad de acceso a los empadronados.