La portavoz del Grupo Municipal VOX Salou, Ana Belén Rodríguez, ha formulado un ruego al Gobierno Municipal para que “paralice” el punto aprobado en el Pleno del Consistorio sobre la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa de recogida de residuos. “Se trata de una medida que implica un aumento del 10% a los ciudadanos”, ha denunciado.
En este sentido, Rodríguez ha advertido que “se debe aplicar un principio de responsabilidad y prudencia” ante la situación “de transición con un contrato de 109 millones de euros que actualmente está paralizado”.
Rodríguez ha explicado que tras presentar su formación un recurso ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público se ha paralizado la adjudicación del nuevo contrato de limpieza en Salou. Es una cuestión de “responsabilidad política”, ha asegurado. Y es que, según la portavoz, “el servicio de limpieza tiene que mejorar porque es deficiente”, ha dicho Rodríguez, para aseverar: pero “no a cualquier precio y subiendo los impuestos a los saloulenses”, ha rematado.
“VOX está siendo fiel a su compromiso de poner en el centro del debate político las necesidades reales de los ciudadanos y defender los intereses de todos los ciudadanos de Salou”
Así, Rodríguez ha recordado que “VOX está siendo fiel a su compromiso de poner en el centro del debate político las necesidades reales de los ciudadanos y defender los intereses de todos los ciudadanos de Salou”. Y ha recodado que su formación ha presentado medidas concretas para “mejorar la seguridad en Salou y contra la ocupación ilegal”.
En el marco de la ocupación ilegal, la portavoz de VOX le ha criticado al Gobierno Municipal la falta de transparencia durante el pasado año. “En 2022 se produjeron 60 denuncias por ocupación ilegal en Salou”. Y ha añadido: “de los 79 municipios afectados de la provincia, Salou está entre los 5 primeros”. Pese a que “el equipo de Gobierno salouense quiera aparentar que en Salou todo va bien, no es así”, ha denunciado.
Por último, la portavoz de VOX ha preguntado al Gobierno Municipal sobre su posicionamiento ante 300 inmigrantes ilegales hospedados en hoteles de Salou “una cifra muy considerable que iguala a los acogidos en Barcelona”. Y ha recriminado que ese “no es el concepto de turismo familiar para su grupo municipal, ni para muchos salouenses”.
