El Grupo Parlamentario VOX ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno de España a proteger la intimidad personal y familiar de los ciudadanos, fortalecer la ciberseguridad de las empresas y de las administraciones españolas, frente al espionaje industrial o ataques por parte de potencias hostiles.
En la iniciativa parlamentaria también se solicita un incremento de capacidades y una dotación de más medios, tanto humanos como materiales, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a la Jefatura de Sistemas de Ciberdefensa (JSCD) y a cuantos organismos tengan competencias en la materia, para que puedan hacer frente en unas condiciones adecuadas a los delitos informáticos y amenazas digitales y garanticen la soberanía de datos.
El portavoz del GP VOX en las Cortes Valencianas, José María Llanos, ha afirmado que “la delincuencia en internet no ha dejado de aumentar en la Comunidad Valenciana y en España. Prueba de ello es que las estafas informáticas, el delito más común de los que se cometen en la red, han crecido un 41.4%, según el Balance de Criminalidad del tercer trimestre de 2023 emitido por el Ministerio del Interior, y un 19,6% otro tipo de ciberdelitos, lo que representa un incremento preocupante de este tipo de delitos respecto al 2022, lo que supone casi un 16% del total de criminalidad.”
“En la provincia de Valencia ha ascendido la cibercriminalidad un 33%, en Castellón un 59,5% y en Alicante un 41,2%. Y por lo que se refiere a las capitales de provincia, se han incrementado este tipo de delitos un 14,6%, en la ciudad de Valencia, un 36,7% en la ciudad de Castellón, y un 18,3% en la ciudad de Alicante.”
Garantizar, por todos los medios posibles, la soberanía de los datos españoles y de la seguridad nacional. Además de fomentar la concienciación sobre las amenazas y desafíos en materia de ciberseguridad y la sensibilización en lo que respecta a la responsabilidad en el ámbito personal, familiar, empresarial y de las Administraciones.
En esta PNL se recuerda que este incremento de la cibercriminalidad es precisamente un hecho asociado al uso de internet en nuestro país, especialmente a las crecientes formas de comercio online, que se viene observando desde hace algunos años y de manera muy significativa desde 2016.
Según los informes del Ministerio del Interior, el número total de infracciones penales registradas en el periodo de enero a diciembre de 2022 suma un total de 2.325.358 delitos, de los que 1.949.852 (83.9% del total) se corresponden con la categoría de criminalidad convencional. Dicho informe también evidencia un incremento del 72.0% sobre 2019 en la cibercriminalidad (375.506 infracciones penales, el 16.1% del total). Por tanto, tomando las cifras de 2023, referidas a la Comunidad Valenciana, nos encontramos ante un incremento muy notable de la cibercriminalidad.
El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoció esta grave situación al afirmar que en España uno de cada cinco delitos se comete en la red. La ciberdelincuencia supone un atentado a la soberanía de los datos de los españoles, que son utilizados para la comisión de delitos. Una deficiente protección de estos puede tener consecuencias indeseables para una gran parte de la sociedad e, incluso, puede tener un impacto serio en la seguridad nacional.