El diputado nacional de VOX, José Ramírez, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de CSIF Prisiones en Córdoba, acompañado por la presidenta del CEP, Paula Badanelli, y la responsable de Relaciones Institucionales, Marta León, para abordar la situación que atraviesan los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.
Durante el encuentro, los representantes sindicales han trasladado la preocupación existente por el incremento de agresiones y por las decisiones relativas a la clasificación y progresión de grado de los internos.
Ramírez ha sido claro al señalar que “los funcionarios de prisiones deben ser reconocidos como agentes de la autoridad. Es una reivindicación histórica y absolutamente necesaria para garantizar su protección jurídica ante las agresiones que sufren”.
Según los datos trasladados en la reunión, el pasado año se registraron 504 agresiones a funcionarios de prisiones a nivel nacional, lo que supone una agresión cada 17 horas. “Hablamos de agresiones físicas, verbales e incluso sexuales. Ningún trabajador debe acudir a su puesto con la incertidumbre de si será agredido”, ha subrayado el diputado.
El riesgo del cambio de grado de los reclusos
Asimismo, VOX ha mostrado su preocupación por la política de progresión de grado que, según denuncian los profesionales, está permitiendo el paso de internos de primer grado a segundo grado sin estar preparados, así como el adelanto de internos de segundo a tercer grado, obteniendo régimen de semilibertad pese a no reunir las condiciones adecuadas que pone en peligro a los ciudadanos”.
“Estas decisiones están generando tensión en los módulos, poniendo en riesgo a trabajadores y a otros internos, y trasladando una sensación de desprotección absoluta”, ha afirmado Ramírez, quien ha añadido que “los criterios técnicos de los profesionales no pueden ser ignorados por decisiones políticas”.
Desde VOX se ha anunciado que se impulsarán iniciativas a nivel nacional para exigir, “el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, la revisión de los criterios de progresión de grado. Así como una actualización normativa que refuerce la protección jurídica de los trabajadores y la mejora en la formación y en las condiciones laborales del colectivo”.
“El sistema penitenciario no puede funcionar de espaldas a quienes lo sostienen día a día. Defender a los funcionarios de prisiones es defender la seguridad y el Estado de Derecho”, ha concluido el diputado nacional.
