La diputada de VOX en la Junta General del Principado de Asturias, Sara Álvarez, ha defendido hoy en el Pleno la proposición no de ley presentada por su grupo para exigir la fiscalización y publicación del coste que tiene para las arcas públicas la inmigración ilegal en Asturias.
“La influencia de la inmigración ilegal en nuestra sociedad es innegable. Es incuestionable que la presencia de los inmigrantes ilegales en España, en Asturias, tiene un precio. Un precio elevadísimo cuyo importe están ocultándonos los gobiernos socialistas y todos quienes los apoyan”, afirmó Álvarez, quien denunció “evasivas, discursos demagogos y todo tipo de historietas” por parte del Ejecutivo cuando VOX ha pedido datos concretos.
La diputada explicó que la iniciativa de VOX reclama que el Gobierno del Principado informe regularmente a la Junta General sobre el origen de las partidas presupuestarias destinadas a la atención de inmigrantes ilegales —ya sea desde fondos europeos, transferencias del Estado o recursos propios autonómicos— y que todas ellas sean sometidas a fiscalización por la Sindicatura de Cuentas.
“Los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto pagan por la inmigración ilegal y por qué”, señaló Álvarez. “Tienen derecho a saber por qué, mientras los están friendo a impuestos, reciben cada vez peores servicios públicos y las ayudas sociales no llegan a quienes más lo necesitan: a esos más de 200.000 asturianos que viven en riesgo de pobreza y exclusión social”.
Álvarez denunció que el Principado “destina 3.015 euros mensuales al alojamiento de un mena, mientras que para una plaza residencial de mayores apenas gasta 1.250 euros y para atención a personas con discapacidad 1.370 euros”. Para VOX, “esa comparación suena a que se están riendo de los asturianos a la cara”.
La diputada recordó además que, según datos de la Consejería de Salud, en Asturias hay 46.393 extranjeros no registrados ni autorizados como residentes, un 75% más que en 2019. “¿Cómo pueden decirnos que estas prestaciones no tienen precio, que no están cuantificadas?”, preguntó.
“Ha llegado el momento de exigir cuentas sobre la inmigración ilegal: cuánto cuesta, en qué se gastan los recursos y quién los paga”, concluyó Álvarez. “Porque cada euro gastado en inmigración ilegal es un euro menos invertido en los jóvenes, en los mayores, en los autónomos o en los ganaderos asturianos”.
