La concejal y portavoz de VOX Gijón, Sara Álvarez Rouco, ofreció esta mañana una rueda de prensa a los medios informativos acreditados en el Ayuntamiento de Gijón para comentar las consecuencias del hallazgo del ‘caso del ordenador pirata’ oculto en un armario de las dependencias municipales y “denunciar públicamente la postura de la concejal de Hacienda, la Sra. Mitre, y la Directora General de Protección de Datos quienes, incomprensiblemente, se sirven de evasivas repetidas y falsedades en torno a la figura de un funcionario del Servicio de Informática municipal”, actitud que considera “reprobable, tanto por la falta de transparencia como por lo inaceptable que estas personas del equipo de gobierno falten a la verdad mientras encubren una persecución a un funcionario”.
Álvarez Rouco recordó que aquella polémica, aireada el 3 de julio de 2024, le sirvió a la Alcaldía para “distraer la atención” sobre la sentencia que condenaba a la alcaldesa por pagos irregulares realizados por su grupo, “algo que incomodaba y a lo que se quería restar protagonismo” y apuntó a que “lo que pudo ser la simple coincidencia de dos noticias que se solapaban pasó a ir mucho más allá sobredimensionándose el asunto”.
Al respecto, VOX Gijón pidió este año de 2025 hasta dos veces explicaciones sobre el tema: En el pleno de febrero la concejala de Hacienda afirmó que “no se señaló a ningún funcionario a resultas de este asunto y es falso porque desde el 3 de julio de 2024 hubo orden de no dejar entrar a un funcionario concreto del Servicio de Sistemas de Información a la Casa Consistorial”; y en el Pleno ordinario del 14 de mayo, de nuevo volvió a negar tener conocimiento sobre ello ero “no es creíble porque en ese momento le mostramos un documento que obraba en nuestro poder sobre el caso, probando la prohibición a un funcionario de ese Servicio por orden de la Alcaldía”.
Entre medias está la comparecencia en comisión de la Directora General de Protección de Datos “dando explicaciones poco aclaratorias” sobre el desarrollo del asunto y la situación generada y, por supuesto, la sentencia judicial desestimando el caso. Por tanto, Álvarez Rouco quiso poner en evidencia lo siguiente:
– “Ni se entiende, ni es de recibo, ni es aceptable la actuación de los responsables municipales con relación a esta situación de un supuesto ordenador fantasma en un armario del Ayuntamiento.
– Es inadecuada por las falsedades con relación a una polémica que ellos mismos crearon.
– Exigimos una explicación cierta y contrastada de los motivos por los que se ha negado la entrada del funcionario al Ayuntamiento y cuál era su función en relación con el ordenador de la polémica.
– Pedimos tanto a la alcaldesa como a la concejal que expliquen por qué faltaron a la verdad al negar que se había señalado a un funcionario y se le había negado el acceso”.
Con todo ello, “consideramos, en primer lugar, que promocionar la polémica sobre un asunto sin fundamento, tal y como ha demostrado la sentencia judicial, es un manejo irresponsable de la información municipal. Y en segundo, poner en el punto de mira públicamente a un funcionario y dar información incorrecta con relación a su situación laboral es un acto inaceptable que falta al decoro y el respeto, por lo que exigimos respuestas y la transparencia que faltó hasta ahora. Y, además, llegado el caso, la dimisión de la persona o personas responsables de este despropósito”, concluyó Sara Á. Rouco.
