VOX Gijón llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento una propuesta sobre vivienda en la que pide la disolución de la Empresa Municipal de la Vivienda y que la actividad que desarrolla sea asumida por la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Además, reclama instar al gobierno regional a habilitar una línea de ayudas para que se paguen a los arrendadores que tengan sus viviendas tanto con okupas como con inquiokupas en el momento en que estos dejen de pagar. E, igualmente, instar al gobierno de la nación a derogar la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda.
La concejal y portavoz de VOX Gijón, Sara Álvarez Rouco, argumenta que “el presupuesto total de la Fundación Municipal de Servicios Sociales es de 29,35 millones de euros para el presente ejercicio, un incremento del 3,15% en relación al año 2024, y el de EMVISA es de 6,9 millones de euros, un 3,6% más que el ejercicio pasado. A pesar de que la suma conjunta de los presupuestos de ambas entidades supera los 36 millones, sus recursos no están suficientemente optimizados y se hace precisa la búsqueda de una posición de equilibrio. Recurrir a la simplificación que supondría replantear las estructuras de ambas empresas, eliminando lo prescindible en beneficio de una mayor viabilidad conjunta, parece la opción más razonable si lo que se persigue es alcanzar una mejoría de resultados”.
Por tanto, “la posibilidad de plantear una fusión entre ambas se presenta como una opción fundamental en la búsqueda de la eficiencia en lo que afecta al Ayuntamiento y las empresas municipales de su ámbito”, asegura Álvarez Rouco.
A juicio de la concejal, “parece claro” que los resultados de estas empresas municipales “están condicionados por la problemática creciente que afecta al sector de la vivienda en los últimos años. Aún siendo múltiples los factores que inciden en este campo, un análisis detallado de la situación lleva a considerar que las políticas seguidas por los últimos gobiernos, especialmente de unos años a esta parte con las medidas aplicadas por el del partido socialista, no solucionan el grave problema de acceso a la vivienda. Incluso la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, ha provocado un aumento descontrolado de los precios tanto de alquiler como de venta, promoviendo el intervencionismo, estrangulando las ofertas de alquiler y fomentando y protegiendo la okupación ilegal”.
Para reforzar sus argumentos, la portavoz de VOX Gijón alude a que “en el año 2002, un 65% de los jóvenes entre 23 y 28 años era propietario de una casa. A causa de las mencionadas políticas socialistas, 20 años después la cifra ha caído en 40 puntos de modo que actualmente solo el 31% de los jóvenes menores de 35 años es propietario de una vivienda, mientras que en 2011 lo era el 69%. En el caso de Gijón, el alquiler una vivienda es un 55% más elevado que hace diez años y el precio de compra de un inmueble se ha encarecido un 15% solo durante el último año”, advirtió Sara Á. Rouco.
