El Grupo Parlamentario VOX en las Cortes Valencianas ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno de España a simplificar todos los trámites administrativos para impulsar al sector privado y elaborar un plan para eliminar los registros, planes y protocolos obligatorios que supongan cargas y costes burocráticos para las empresas.
Esta iniciativa parlamentaria exige también que se reduzca drásticamente la regulación abusiva y las cargas sobre las empresas y que se minimicen los tramites para la constitución y puesta en marcha de una empresa. Además de que Sánchez renuncie a su política persecutoria e incriminatoria hacia el empresario.
La diputada del GP VOX, Teresa Ramírez, ha afirmado que “las pequeñas y medianas empresas españolas representan más del 99,8% del tejido productivo con cerca de 11 millones de puestos de trabajo, y no pueden seguir soportando a la injerencia del Gobierno. Ante la aprobación en los últimos años de medidas intervencionistas que menoscaban la flexibilidad y el buen funcionamiento de las compañías, hay que exigir salvaguardar la libertad de empresa en España.”
“VOX apuesta por establecer medidas que protejan las empresas españolas e incentiven la inversión en España, como reformas para reducir el esfuerzo fiscal, promoviendo la simplificación normativa y la rebaja de impuestos que incentive la contratación, acompañado de una reducción del gasto político improductivo que reduzca el déficit público.”
La PNL denuncia que, el hostigamiento hacia la actividad empresarial supone un serio deterioro del clima empresarial de nuestro país con preocupantes consecuencias en el futuro. Es imprescindible respaldar la iniciativa privada y alentar el aumento de la inversión y la productividad, como factores determinantes para impulsar el bienestar. Además, la libertad de empresa está garantizada en la Constitución española.
El Gobierno ha actuado unilateralmente, mediante la imposición e ignorando y menospreciando el diálogo social y la interlocución entre trabajadores y empresarios. Dicho intervencionismo gubernamental se traduce en una sobrerregulación y una avalancha normativa difícil de digerir para la empresa y en especial para la de menor tamaño.