Sevilla, 10 de diciembre de 2021. La portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez ha lamentado este viernes “las nuevas medidas discriminatorias que plantea la Junta de Andalucía exclusivamente para el sector de la hostelería, a los que quiere imponer el pasaporte Covid. Respaldamos sin matices a la Asociación “Sevilla son sus bares” que, con toda lógica, ha mostrado su rechazo. No entendemos los motivos por los que el Gobierno de Andalucía sitúa en este sector la responsabilidad de los nuevos contagios por coronavirus”.
“El Gobierno de Juan Manuel Moreno la tiene tomada con el sector hostelero al que criminaliza desde el inicio de la pandemia como único culpable de la extensión de la enfermedad, y ahora quiere que ejerza de policía exigiendo a sus clientes el pasaporte Covid que, de momento, vulnera al menos cinco artículos de la Constitución, dos leyes y varios artículos del Código Penal”.
La portavoz municipal de VOX ha recordado que “en España la vacunación no es obligatoria y, por tanto, ninguna disposición o norma puede por ley prohibir la entrada a establecimiento alguno a ninguna persona por no acreditar la vacunación de la Covid-19. Y como las normas son claras al respecto, estamos estudiando recurrir a los Tribunales de Justicia en caso de que la Junta de Andalucía decida imponer este disparate”.
“Ningún Gobierno está por encima de la Ley y desde VOX se lo tenemos que recordar a la Junta de Andalucía. La Constitución consagra la libertad e igualdad de los individuos, la dignidad de las personas y los derechos fundamentales, condena los actos discriminatorios, garantiza el derecho a la vida sin tratos inhumanos o degradantes, el derecho a la intimidad y a los derechos del paciente. Pero, además, existe la Ley Orgánica de tratamiento de datos de carácter personal. Todo esto, la Junta pretende saltárselo a la torera y se lo vamos a impedir”.
Cristina Peláez, que ha conversado al respecto con los dirigentes de “Sevilla son sus bares”, ha apostillado que “cualquier hostelero se arriesga a una multa de 600.000 euros que le pueda plantear un cliente medianamente informado sobre sus derechos, por vulneración de la Ley de Protección de Datos, por lo que cabe pensar que muchos se lo pensarán a la hora de exigir el pasaporte Covid a sus clientes, salvo que el presidente Moreno asuma todas y cada una de las denuncias que les pueden caer a los hosteleros”, ha concluido.
