El Grupo Municipal VOX Langreo ha denunciado con firmeza lo que considera otro caso más de “negligencia política”: la adjudicación del contrato para la renovación del césped artificial de los campos de fútbol de Tuilla y Lada, recientemente paralizado y en proceso de rescisión tras detectarse que el material propuesto no cumplía las condiciones mínimas exigidas en los pliegos.
La concejal de VOX Langreo, Ainara García Martín, manifiesta que “lejos de lo que se ha querido hacer ver desde el gobierno local, no se trata de un simple ‘incumplimiento’ de la empresa, sino de un fallo estructural del Ayuntamiento, que adjudicó el contrato sin haber comprobado previamente la validez técnica del producto ofertado. El gobierno municipal iba a permitir que se instalara, con dinero público, un césped que no tiene homologación FIFA, no cumple los requisitos de densidad, ni el número mínimo de puntadas, ni aporta los certificados exigidos en el pliego. Y lo peor: lo sabían o debieron saberlo antes de adjudicar”.
Los hechos son claros porque la documentación técnica sobre el césped no fue solicitada ni evaluada antes de adjudicar, a pesar de que así lo exigen tanto la Ley de Contratos del Sector Público como los propios pliegos aprobados por el Ayuntamiento. Solo tras la reclamación presentada por otra empresa licitadora, se comenzó a revisar la documentación, y fue entonces cuando desde el área de Urbanismo y Medioambiente se certificó que el césped no cumple las condiciones mínimas para ser instalado en un campo de fútbol. “Si esa empresa no llega a presentar una reclamación formal, hoy se estaría instalando un césped sin garantías, y los vecinos de Langreo habrían pagado más de 240.000 euros por un producto que no sirve. Y eso es algo que no vamos a permitir que quede impune”, ha asegurado la edil.
VOX Langreo denuncian también la “estrategia del concejal de Urbanismo y del gobierno local para desviar la atención, intentando responsabilizar únicamente a la empresa adjudicataria cuando es el propio Ayuntamiento el que tenía la obligación de verificar el cumplimiento técnico antes de firmar ningún contrato. Lo que no vamos a tolerar es que ahora vengan a hacerse los sorprendidos. Aquí hay concejales y un alcalde que han avalado un contrato sin haber comprobado si se podía ejecutar legalmente”.
“Aquí no hablamos de un error administrativo. Hablamos de dinero público, de falta de controles, de desprecio a la legalidad y de una gestión política indolente. Si el Ayuntamiento hubiese hecho su trabajo antes de firmar el contrato, hoy el césped estaría adjudicado legalmente a otra empresa, sin retrasos ni escándalos. Pero no. Dejaron pasar la oportunidad legal de corregirlo y ahora todo queda en un contrato fallido y tiempo perdido”, ha concluido Ainara García.
