El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Langreo denuncia públicamente que varios concejales investigados por posibles delitos de prevaricación administrativa están siendo defendidos con dinero público a través del despacho Calixto Escariz S.L.U., contratado por el Ayuntamiento para ejercer funciones de defensa institucional. “Es un escándalo sin precedentes. El despacho que debería defender los intereses del Ayuntamiento se ha convertido en el abogado personal de quienes están siendo investigados por gestionar irregularmente esos mismos intereses. Se ha cruzado una línea roja intolerable”, ha destapado Ainara García Martín, concejal de VOX Langreo.
Los hechos han sido confirmados: Los letrados del despacho Calixto Escariz están personados hoy mismo, miércoles, en sede judicial representando de forma directa a los concejales investigados, “utilizando un contrato pagado con el dinero de todos los vecinos”. La designación fue autorizada por decreto unilateral de Alcaldía, sin pasar por la Junta de Gobierno y sin control plenario. “Esto no es una cuestión administrativa -subraya la edil de VOX Langreo-. Estamos ante una desviación institucional en toda regla. Se están utilizando los recursos del Ayuntamiento para defender intereses particulares de cargos públicos, en procedimientos penales que nada tienen que ver con decisiones colegiadas ni con el funcionamiento institucional”.
A juicio de García Martín, “han pervertido por completo la finalidad del contrato. Ya no es el Ayuntamiento el representado: ahora es el refugio de quienes están siendo investigados. Y lo pagan todos los vecinos de Langreo con sus impuestos”.
VOX Langreo alerta, además, de la existencia de un “conflicto de intereses institucional gravísimo”, al utilizarse recursos públicos del Ayuntamiento para oponerse judicialmente a las denuncias promovidas por otros concejales de la misma corporación. “El Ayuntamiento está siendo instrumentalizado por una parte del gobierno local para blindarse frente al control legítimo de la oposición. Es una perversión completa del modelo institucional”, según considera el Grupo Municipal.
VOX Langreo pondrá estos hechos en conocimiento del Colegio de Abogados de Asturias, por si pudieran derivarse infracciones deontológicas ante la utilización de un contrato institucional para actuaciones de defensa privada. “Quien permite que los recursos del Ayuntamiento se utilicen para proteger a los investigados es cómplice directo del abuso. No se trata solo de ética: se trata de legalidad, de decencia política, y de respeto a los ciudadanos. Langreo no puede permitirse que se utilice lo público para blindar a los que están siendo señalados por actos presuntamente delictivos. Quien actúe así, debe dimitir o ser cesado de inmediato. Langreo no se merece este nivel de degradación política”, concluye Ainara García Martín.
