VOX ha llevado al Congreso de los Diputados el suceso mortal de la mina de Cerredo en el que perdieron la vida 5 personas y reclama explicaciones al gobierno de Sánchez. El diputado nacional por Asturias y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario, José María Figaredo, ha presentado una batería de preguntas interesándose por las subvenciones concedidas por parte del Instituto para la Transición Justa a la concesionaria de la mina y por los permisos concedidos para llevar a cabo su actividad.
“Según se ha publicado, la Delegada del Gobierno en Asturias explicó que la mina de Cerredo contaba con dos autorizaciones de investigación pero no tenía permiso para trabajar en la planta en la que se produjo la explosión que costó la vida de cinco mineros”, argumenta en su escrito el diputado asturiano, para añadir que “el pasado 23 de septiembre la mina fue sometida a una inspección que concluyó que contaba con los permisos necesarios para llevar a cabo los trabajos de investigación que se estaban realizando en ella”.
Pese a lo anterior, alega que “diversos mineros asturianos denunciaron múltiples negligencias en una mina que, hace menos de un año, recibió casi un millón de euros del Instituto para la Transición Justa presidido por Sara Aagesen, actual vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”.
Con todo ello, el escrito plantea las siguientes preguntas:
• ¿A qué criterios respondió la concesión de la subvención de casi un millón de euros que recibió la mina de Cerredo hace apenas un año por parte del Instituto para la Transición Justa?
• ¿Con qué datos cuenta la delegación del Gobierno en Asturias para confirmar que la mina contaba con los permisos necesarios para llevar a cabo los trabajos de investigación que se estaban realizando en ella?
• ¿En qué consistió la investigación mencionada y qué elementos se tuvieron en cuenta para determinar que las actividades que se estaban desarrollando en la mina se adecuaban a los permisos concedidos?
• ¿Ha tenido acceso el Gobierno a los motivos que favorecieron la concesión de los permisos de investigación a la mina de Cerredo?
Además, en otra iniciativa para obtener respuesta escrita por parte del gobierno de Sánchez, José Mª Figaredo se remonta al año 2022 cuando falleció otro trabajador en la misma mina. En el texto expone que “la investigación, que se inició hace tres años, descubrió que Combayl -la empresa encargada de la mina, que tenía como administradora a la mujer de Jesús Manuel Rodríguez- extraía carbón sin permiso, contrataba personal sin formación y le entregó a la víctima un vehículo sin ITV para trabajar. Tras aquel accidente mortal, la empresa Blue Solving -que tenía como administrador al hijo de Jesús Manuel Rodríguez- se hizo con el control de la mina y el 8 de julio de 2024 obtuvo un permiso de investigación que sólo le permitía extraer de la mina 60.000 toneladas de grafito. El 12 de marzo el Gobierno de Asturias recibió una denuncia que señalaba que en la mina se estaba produciendo una actividad extractiva ‘encubierta’ y exigía la revocación de los permisos. Sin embargo, no se tomó ninguna medida en concreto ante esta denuncia, teniendo como resultado el fallecimiento de cinco trabajadores en las instalaciones denunciadas”.
En relación a estos datos, reclama explicaciones sobre las siguientes cuestiones:
• ¿Tenía constancia el Gobierno de que la mina de Cerredo seguía siendo explotada por una empresa familiar vinculada a Jesús Manuel Rodríguez?
• ¿Ha solicitado el Ejecutivo alguna información adicional al gobierno regional acerca de la concesión de un permiso de investigación minera a una empresa vinculada a Jesús Manuel Rodríguez Morán y relacionada, por tanto, con diversos fraudes que pudieron costarle la vida a un trabajador de la mina de Cerredo en 2022?
