La diputada de VOX Sara A. Rouco ha denunciado hoy en el Pleno la situación “crítica” del sistema de dependencia en Asturias, al que ha calificado de “camelo” y ejemplo de la “incapacidad del Gobierno socialista para gestionar los servicios sociales”.
Durante su intervención, Rouco ha reprochado a la consejera Marta del Arco que el sistema esté “al borde del colapso”, con un aumento constante de solicitantes frente a una reducción de prestaciones, y ha preguntado al Ejecutivo cómo puede justificar que Asturias vuelva a situarse entre las peores comunidades en atención a la dependencia.
“Engañan, prometen en falso, ponen trabas y se aprovechan de la vulnerabilidad de personas mayores para eludir una responsabilidad que son incapaces de gestionar”, ha afirmado.
La diputada de VOX ha subrayado que los datos evidencian un deterioro alarmante del sistema. Si en 2024 ya se aprobaron únicamente 5.325 solicitudes, en 2025 la cifra cayó hasta 2.536 prestaciones, lo que ha calificado de “auténtico desastre”.
Asimismo, ha señalado que actualmente cerca de 7.800 personas siguen pendientes de valoración, reflejo, a su juicio, de una gestión deficiente agravada por la implantación de la historia social única sin los medios técnicos ni el personal adecuado.
Rouco ha criticado además que el modelo de atención esté derivando hacia prestaciones de menor coste: “El 78% de las ayudas concedidas son de teleasistencia, mientras que el resto recae en el cuidado familiar. Están resolviendo para conceder lo más barato, no lo que necesitan las personas”.
En este sentido, ha advertido de que el propio dictamen del Observatorio de la Dependencia apunta a una “incapacidad estructural” del sistema asturiano para convertir los trámites en soluciones reales, lo que, en la práctica, deja sin atención a miles de personas.
“Lo verdaderamente grave es que detrás de cada expediente hay una persona con necesidades vitales. Y a esas personas no se les está dando respuesta”, ha señalado.
La diputada ha criticado también que el Gobierno pretenda trasladar la responsabilidad a los ayuntamientos, calificando esta estrategia como un intento de “pasar la patata caliente” sin resolver el problema de fondo.
