Durante el Pleno del mes de diciembre de la Diputación de Segovia, ha salido adelante la moción presentada por VOX para solicitar la eliminación de la obligatoriedad de las balizas V-16 a partir del 1 de enero de 2026. La propuesta contó con el voto favorable del Partido Popular y de un diputado no adscrito José Antonio Mateo, mientras que fue rechazada por el Grupo Socialista, la representante de Izquierda Unida y el diputado no adscrito, David Gutiérrez.
El portavoz de VOX en la Diputación, Pedro Varela, defendió durante su intervención que esta imposición es «injusta», ya que solo afecta a los vehículos matriculados en España, mientras que no es obligatoria para los vehículos extranjeros que circulan por el territorio nacional. Asimismo, calificó la medida como «el timo de tocomocho», explicando que «somos el único país de Europa que impone esta obligación y en el que los triángulos de emergencia dejan de ser válidos».
Desde VOX consideran que esta medida supone una carga económica innecesaria para millones de familias y empresas. Varela explicó que «esta obligación impone un coste injustificado a las familias segovianas, que tendrán que gastar más de tres millones de euros», denunciando además que «más de 600.000 euros irán a las arcas públicas en concepto de IVA», en un contexto en el que los ciudadanos cuentan con un menor poder adquisitivo.
El portavoz provincial también alertó de que «este atraco supone un grave peligro para todos los segovianos y españoles», debido a la «ineficacia de la baliza V-16, que no dispone de informes periciales ni técnicos que avalen su utilidad». Asimismo, Varela denunció que la baliza «no se ve ni de día ni de noche, y mucho menos en tramos con curvas que reducen la visibilidad», tal y como han advertido asociaciones de conductores, profesionales de los servicios de emergencia y asociaciones de Guardias Civiles.
En relación con el punto del orden del día relativo a la convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva del Plan de Ayudas para Inversiones Municipales de la Provincia (PAIMP) 2026, el portavoz de VOX señaló que el criterio de los límites de población «puede generar graves injusticias», ya que la distinción entre municipios por número de habitantes puede dar lugar a un «trato descompensado». No obstante, valoró positivamente que en esta edición se hayan modificado las bases «para primar a los municipios más pequeños».
Por último, Varela se refirió a las declaraciones en las que se ha sugerido que el PAIMP pueda utilizarse para financiar obras en edificios en ruinas. Al respecto, recordó que «VOX ya presentó una moción para que sea la Diputación, mediante la figura de la encomienda de gestión, la que se haga cargo de este problema», subrayando que «no creemos que el PAIMP sea el camino adecuado para que los pueblos afronten el grave problema de los edificios en ruinas, con la peligrosidad que suponen en el centro mismo de los municipios».
