Lorca, 28 de julio de 2020.- VOX Lorca ha demostrado su compromiso con la seguridad de todos los lorquinos al votar a favor de la compra de nuevos vehículos para la Policía Local propuesta por el gobierno municipal. Para este partido la seguridad de nuestro municipio es fundamental y debe estar por encima de cualquier división política.
Desde VOX Lorca se insistía en que el parque móvil de la Policía Local, con vehículos con más de ocho años de antigüedad y en algunos casos con más de 20, era insuficiente para garantizar la seguridad y el bienestar de los vecinos. También se defendía la adquisición de una autobomba para poder acceder a las calles más estrechas de los barrios altos o de San Cristóbal, por ejemplo, en caso de emergencia.
“Esta formación ha decidido votar a favor de dicha medida después de obtener el compromiso del equipo de gobierno de que los nuevos vehículos no serán eléctricos, ya que este tipo de transportes son incompatibles con los servicios a que serán destinados, sino vehículos respetuosos con el medio ambiente con emisiones reducidas”, ha afirmado Carmen Menduiña, portavoz del GM VOX Lorca.
Medio ambiente sí, agenda política irracional no
VOX es un partido comprometido con el medio ambiente y la conservación la naturaleza y entiende que en estos momentos de crisis deben primar los gastos racionales y claramente destinados a mejorar la vida de nuestros conciudadanos. Los vehículos eléctricos, con un coste elevado y con limitaciones en su uso, no son la inversión que Lorca necesita en estos momentos de crisis económica.
Según el edil de VOX en Lorca, José Martínez, “lamentablemente, desde el gobierno social-comunista de Sánchez e Iglesias se está empujando a los ayuntamientos españoles a destinar su superávit a inversiones medioambientales, alejadas en muchos casos de las necesidades reales de cada municipio, atendiendo así a una agenda política de radicalismo ecológico en vez de a la realidad de los españoles”.
Desde VOX se recuerda que las emisiones españolas de CO2 representan un 0.7% del total mundial y el gobierno central impone objetivos utópicos para esa reducción de emisiones que supondrán un coste de 200.000 millones de euros en los próximos diez años, todo ello mientras la OCDE ya ha advertido de que España será uno de los países más afectados por la crisis económica y por la destrucción de empleo que conllevará el Covid-19.
