VOX Melilla rechaza la implantación del Pasaporte COVID

La formación política asegura que su partido tomará las acciones legales que hagan para proteger los derechos de los ciudadanos

Finalmente la Ciudad Autónoma de Melilla instauró este pasado fin de semana la obligación de presentar el Pasaporte COVID para acceder a algunos locales de la ciudad. Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) avale la implantación del Pasaporte COVID en Melilla, sigue siendo “una violación de los derechos y libertades de los ciudadanos”, afirma VOX Melilla.

Este documento será necesario para acceder a los establecimientos y centros hospitalarios para las visitas y acompañamiento a pacientes ingresados, a las residencias de mayores públicas y privadas, a los establecimientos penitenciarios para las visitas a los internos, al interior de los establecimientos de hostelería y restauración, y tanto en el exterior como en el interior de los establecimientos dedicados al ocio nocturno o en los que se realicen actividades tales como baile, música sin y con disc-jockey, o karaokes.

“El artículo 14 de la Constitución ampara a todo ciudadano, ya que todos somos iguales ante la ley, entonces ¿Por qué ese empeño en cercenar el derecho a la libertad individual a una parte de la población mediante la implantación del certificado COVID?, cuestiona la representación de VOX en la ciudad. “También se está yendo contra el pequeño comercio obligándoles a pedir este pasaporte, por lo que van a volver a ver su rentabilidad mermada”, añade.

Además, la secretaria general y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario VOX en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, afirmaba este mismo domingo en una entrevista para TRECE, que “esta medida es claramente discriminatoria e inconstitucional”, y recordaba que en España ninguna vacuna es obligatoria, “como tampoco lo es la de coronavirus”.

Por ello, VOX Melilla se posiciona en contra de la implantación del Pasaporte COVID y asegura que “nuestro partido volverá a tomar las acciones legales oportunas para defender la igualdad y el bienestar de todos los españoles, incluidos los melillenses, tal y como hizo con los estados de alarma ilegales”.