VOX no presenta enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales porque modifican muchas normas que no tienen relación con la política económica del Consell

Además, el TSJ rechazó la mitad de los artículos de la Oficina de derechos Lingüísticos

Valencia, 17 de noviembre de 2022. El Grupo Parlamentario VOX en las Cortes valencianas no va a presentar enmiendas parciales porque con el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana se ven modificadas una gran cantidad de leyes y otro tipo de disposiciones que no tienen ninguna relación con la política económica del Consell. Se trata de modificaciones en materia de: Turismo, Mancomunidades, Impacto Ambiental, Vivienda, Seguridad Ferroviaria, Estructuras Agrarias, Vías Pecuarias, Espacios Naturales Protegidos, Función Pública, Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, Cartografía, Memoria Democrática y Participación Ciudadana, entre otras.

Este uso indebido de las leyes de acompañamiento supone un ataque directo al principio de seguridad jurídica, que ordena a los poderes legislativos a procurar ‘la claridad y no la confusión normativa’ en todas sus normas, tal y como establece el Tribunal Constitucional.

Ana Vega, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX ha declarado que “Un año más, aprovechan la Ley de Medidas Fiscales para modificar una gran cantidad de normas sin ninguna relación con la política económica del Consell. Este proyecto supone un aumento de la grasa de la administración y del gasto político innecesario e ineficaz, marca de la casa de la izquierda. Es vergonzoso que, mientras incrementan la deuda en nuestra comunidad, se siga pidiendo esfuerzos a las familias cuando el gobierno no ha hecho ni un solo esfuerzo por reducir el gasto.

No se aprovecha este proyecto para acometer una profunda reestructuración de la Generalitat para reducirla, sino todo lo contrario, se crea la Oficina de Derechos Lingüísticos. Cabe recordar que el TSJ (Tribunal Superior de Justicia) rechazó la mitad de los artículos de la Oficina de Derechos Lingüísticos por “vigilar” el uso del valenciano en la esfera privada. Dicho organismo en realidad sirve para perseguir a los ciudadanos que no hablen en valenciano en los comercios y oficinas públicas o privadas, entre otros.