El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Oviedo ha advertido al equipo de gobierno del PP de que la reciente resolución judicial que obliga al Ayuntamiento de Madrid a anular las sanciones impuestas por su Zona de Bajas Emisiones, constituye un serio aviso sobre un modelo sancionador que, cada día acumula más dudas jurídicas y un gran rechazo social.
VOX recuerda que el recurso contencioso-administrativo contra la Ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones, presentado por el Grupo Municipal en Oviedo, fue admitido a trámite y que la formación ya ha presentado la correspondiente demanda ante los tribunales. Todo ello, mientras las primeras sanciones derivadas de la aplicación de la ZBE ya están llegando a los ovetenses, que podrían verse afectados por una normativa cuya legalidad está siendo objeto de revisión judicial.
Para la portavoz de VOX Oviedo, Sonsoles Peralta: “El Partido Popular debería dejar de mirar hacia otro lado y empezar a preguntarse si quiere llevar a Oviedo por el mismo camino que otras ciudades, donde los tribunales están poniendo en cuestión este modelo de restricciones y multas”.
Peralta denuncia que: “El PP ha construido, con el aplauso de sus amigos social comunistas, una gran falacia para justificar la Zona de Bajas Emisiones. Pretenden hacer creer a los ovetenses que todo responde a motivos de salud pública, cuando la realidad es muy distinta.”
“La prueba es evidente”, continúa la portavoz; “Las restricciones se imponen precisamente en una zona donde los propios datos reflejan una buena calidad del aire, mientras se olvidan de miles de ovetenses, que viven en otros barrios del municipio y que también soportan los efectos de la contaminación ambiental. Allí no implantan restricciones, porque allí no recaudarían los millones de euros que esperan obtener a base de multas en el centro de la ciudad”.
VOX considera que la ZBE de Oviedo responde a un modelo ideológico que limita la libertad de circulación, penaliza a trabajadores, autónomos, comerciantes y familias, además de convertir el vehículo privado, en un instrumento de recaudación.
“La protección del medio ambiente no puede servir de excusa para restringir derechos fundamentales ni para utilizar a los ciudadanos como una fuente permanente de ingresos para la Administración. Si el objetivo fuera realmente mejorar la calidad del aire, las políticas se diseñarían pensando en toda la ciudad y no únicamente donde resulta más rentable sancionar”, argumenta Sonsoles.
Por todo ello, VOX reitera su compromiso de seguir defendiendo los intereses de los ovetenses tanto en los tribunales como en las instituciones y exige al equipo de gobierno que abandone un modelo que, lejos de resolver problemas ambientales, está generando inseguridad jurídica, perjuicios económicos y un creciente rechazo entre los ciudadanos.
