La concejal y portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, compareció esta mañana ante los medios informativos acompañada de la edil Alejandra González Roqué para presentar las alegaciones registradas al Convenio Urbanístico de la Vega, si bien, en principio quiso dejar constancia de que “estamos a favor del desarrollo de este ámbito que condiciona el futuro de Oviedo, pero el Convenio suscrito entre las partes está alejado del fin último, presenta numerosos condicionantes que ponen en riesgo el desarrollo del mismo e incurre en ‘contradicciones’ desde la perspectiva legal, tal y como queda recogido en nuestras alegaciones”.
La primera de las cuatro alegaciones presentadas hace alusión “a la ilegalidad del Convenio por apartarse del Protocolo previo suscrito entre las partes interesadas”, señala Sonsoles Peralta, quien indica que “el Protocolo firmado y previo al Convenio recogía compromisos de actuación futura, pero la evidencia es que lo firmado en dicho Protocolo no se corresponde a lo convenido posteriormente, vulnerando por lo tanto la legalidad vigente. El Convenio se aparta claramente en lo tocante a suelo residencial de lo suscrito en el Protocolo por lo que, amparados en la ley vigente, VOX alega que esto puede ser causa de nulidad específica del Convenio”.
La segunda de las alegaciones es debida a que “el Convenio infringe el régimen legal para su consideración como urbanístico”, dice. “En los informes de Abogacía Consistorial y de Secretaría General se recoge que estamos ante un ‘Convenio de planeamiento y de gestión’, algo que no es posible al amparo de la legislación vigente: los convenios o lo son de planeamiento o lo son de gestión”, añade.
La concejal de VOX asegura que “aunque puedan existir convenios mixtos, el que nos ocupa es indiscutiblemente de planeamiento, no descartando que no estemos tampoco ante un convenio urbanístico, sino ante un mero Convenio interadministrativo. Un convenio urbanístico de planeamiento no puede condicionar el ejercicio de potestades urbanísticas; no puede incurrir en contradicción con las normas del planeamiento vigente y tampoco tiene fuerza normativa alguna”.
Lo que le puede estar permitido a un Convenio de esta naturaleza “es recoger compromisos de actuación futura o acuerdos marco; sin embargo, nada de esto figura en el Convenio en el que ya nos presentan detallada al extremo la regulación futura del ámbito. Y si es de gestión, sería propio de convenios que prevén ordenaciones de planeamiento, algo sin duda impropio de un documento de estas características”, advierte.
En cuanto a la tercera alegación, comenta que “resulta ilegal suscribir un convenio urbanístico sobre una zona en la que se desconoce la existencia de bienes de patrimonio cultural cuyo afloramiento habría de determinar su extinción o su profunda alteración”, señaló Sonsoles Peralta.
La portavoz de VOX recordó que “la normativa actual y la jurisprudencia supeditan lo urbanístico a la protección del patrimonio cultural. Formalizar este convenio sin que se lleven a cabo todas las catas arqueológicas supondría primero una infracción legal y, segundo, un sinsentido puesto que, de confirmarse su existencia y su alta significación histórica y patrimonial, todo desarrollo urbanístico se vería truncado”.
Finalmente, la cuarta y última de las alegaciones alude a “la nulidad de las previsiones del Convenio en lo referente al vial de penetración en la ciudad de Oviedo que prevé que la vía de entrada a la ciudad se ejecute atravesando la Fábrica de Armas, en paralelo a la Fábrica de Cañones, pero nos presentan un convenio que omite estudios e informes de los órganos competentes”.
En conclusión, “el Convenio que se ha llevado a información pública no cumple ni con la legalidad vigente ni con los requisitos que le serían de aplicación desde un punto de vista urbanístico y patrimonial y, por tanto, debería dejarse sin efecto”, remachó Sonsoles Peralta.
