El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Cartaya propondrá mañana en el Pleno modificar la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) de forma que se establezca una cuota igual a la cuota mínima fijada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Tal y como explica el portavoz del grupo, Francisco Díaz, “en los últimos años, el aumento del precio de los alimentos, la electricidad, los tipos de interés de las hipotecas, de los alquileres y el resto de los gastos básicos, unido a la eliminación de la bonificación del IVA que el Gobierno ha llevado a cabo recientemente, hace que la situación de las familias cartayeras sea cada vez más preocupante”.
Para el concejal, la prioridad máxima de la corporación municipal debe ser dar solución a los problemas de los vecinos. En este sentido, aunque reconoce que el Ayuntamiento no tiene competencias en la política fiscal nacional, “sí que las tiene sobre la política fiscal de nuestro municipio, de la cual, el actual equipo de Gobierno tiene máxima responsabilidad”.
“En VOX defendemos que el dinero de los cartayeros donde mejor está es en el bolsillo de los cartayeros. El equilibrio presupuestario de los servicios públicos municipales es prioritario, pero debería conseguirse mediante una gestión eficiente de los recursos y eliminando gastos superfluos y no elevando la carga impositiva hasta el máximo legalmente establecido”, asegura el portavoz de VOX.
En este contexto, precisa que entre los impuestos que pagan los cartayeros se encuentra, al igual que en el resto de municipios, el IVTM, que viene establecido, entre otros, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales en su artículo 95.
En dicho artículo se fijan los importes mínimos a aplicar por este concepto y se establece que los ayuntamientos podrán incrementar las cuotas fijadas mediante la aplicación de un coeficiente que no podrá ser superior a 2, es decir, el doble de lo establecido en el Decreto, sin que sea obligatorio aumentar esta cuota mínima.
A juicio de Francisco Díaz, la aplicación del coeficiente máximo a los cartayeros por parte del ayuntamiento “no sólo no coincide con la realidad y las necesidades actuales de nuestros vecinos, sino que crea una clara desigualdad con otros municipios cercanos donde el coeficiente que se aplica es inferior”.
