Los senadores de VOX, Fernando Carbonell, Paloma Gómez y Ángel Pelayo, han registrado una moción para su debate en el próximo Pleno del Senado en la que se solicita la ilegalización de Junts Per Catalunya (JxC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) por haber incurrido su actividad «de forma grave en algunos de los supuestos contemplados en la Ley de Partidos».
En su iniciativa, los senadores argumentan que la conocida como Ley de Partidos contempla la ilegalización de los mismos cuando, entre otras causas, «complementen y apoyen políticamente la acción de organizaciones terroristas con el fin de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, creando un clima de terror en los poderes públicos, personas o a la población en general».
En este sentido, el escrito destaca los actos de grupos terroristas como los Comités de Defensa de la República (CDR) o Tsunami Democratic y el apoyo dado por miembros de los grupos separatistas. De hecho, varias personas, entre las que destacan Carles Puigdemont (JxC) y Marta Rovira (ERC), se encuentran imputadas por terrorismo.
Sin embargo, el PSOE a través de su secretario general y presidente del Gobierno en funciones, ha estado negociando la investidura con JxC y ERC y registrado en el Congreso una Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Un texto similar al ya presentado por ERC la pasada legislatura, que fue inadmitido por inconstitucional.
Promueve la impunidad terrorista
Y es precisamente esta amnistía la que dejará impune a los grupos terroristas que han actuado en Cataluña en la última década. Así, «no puede negarse que es el PSOE quien está promoviendo la impunidad de estos grupos terroristas», señala el escrito.
Además, recuerda que fue el el Grupo Parlamentario Socialista el que impulsó la derogación de las normas penales por sedición y otros desórdenes públicos en la anterior Legislatura, «lo que da cobertura a las actividades de muchas de estas organizaciónes terroristas a los efectos de garantizar esa impunidad».
Por otro lado, puntualizan en su escrito los tres senadores, «sería incorrecto entender que el terrorismo ha quedado excluido de la parte dispositiva de la PLO de Amnistía, como podría inferirse de una lectura superficial de su artículo 2.c), que excluye los actos terroristas. Sin embargo, dicha exclusión se refiere a aquellos casos sobre los que haya recaído sentencia firme».
Advierten los senadores de que «una amnistía no tiene cabida en la Constitución Española», pues supone «la quiebra del Estado de Derecho; liquida la separación de poderes; rompe la igualdad de todos los españoles y acaba con el sometimiento de los poderes públicos al imperio de la ley». En definitiva, «la pretendida amnistía supondría la deslegitimación de nuestro sistema de derechos y libertades públicas y el fin de la democracia que conocemos».
Es por ello que esta amnistía se produce en un contexto en el que la mayoría de los españoles se muestra «radicalmente en contra», tal y como ha demostrado manifestándose frente a las sedes del PSOE, en plazas y en otros foros, para mostrar su más firme rechazo a la proyectada amnistía. Un rechazo que ha sido manifestado también por el Consejo General del Poder Judicial, Tribunales Superiores de Justicia, jueces decanos, varios colegios de abogados, y una amplia gama de asociaciones de miembros de profesiones jurídicas y de funcionarios del Estado, así como de entidades de los ámbitos académico y empresarial. «El clamor de la calle exige que los representantes públicos de los españoles actúen en consecuencia y que, ante el ataque al Estado de Derecho que se está perpetrando por parte del PSOE, Junts y ERC, se dé una respuesta acorde a la legalidad», exigen los senadores.
Por tanto, y dado que «la Ley de Partidos es una herramienta que permite combatir aquellos intentos más deleznables de atacar la convivencia y acabar con el sistema democrático», los tres senadores han reclamado la aplicación de dicha norma, instando al Gobierno a que en cumplimiento de la misma solicite la ilegalización de Junts y ERC.