VOX ha iniciado una ofensiva contra las Zonas de Bajas Emisiones presentando una serie de mociones para tratar de paralizar su implantación en aquellos municipios de la provincia de Barcelona en los que aún no están vigentes, y acabar con las restricciones y sanciones en aquellas ciudades donde ya existe.
La propuesta impulsada considera que las ZBE limitan derechos fundamentales como la libertad de circulación, generan desigualdad y perjudican a la clase media trabajadora, a los autónomos, PIMES y empresas del centro de la ciudad.
Además, con la regulación actual, la movilidad en las ZBE condiciona la capacidad económica del titular del vehículo, por lo que “se trata de una medida discriminatoria y clasista que afecta especialmente a la clase trabajadora que no pueden permitirse el lujo de adquirir un nuevo vehículo menos contaminante”.
VOX argumenta que ni la legislación europea, ni la nacional, impone a los ayuntamientos restricciones ni multas si su contaminación no sobrepasa unos criterios establecidos. Son los propios Ayuntamientos los que deben establecer a través de Ordenanzas el posible régimen sancionador, es decir, queda respetada la autonomía local a la hora de aplicar multas a los conductores que no respeten las restricciones. Además, el partido considera que existen medidas alternativas regulatorias menos invasivas y restrictivas para mejorar la calidad aire y fomentar una movilidad sostenible sin causar tantos perjuicios.
Es por ello, que VOX ha presentado, a través de sus grupos municipales y, como medida de presión a los gobiernos locales, esta propuesta que coincide precisamente con el castigo recibido por la Justicia a las ZBE tras la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Barcelona a devolver las multas impuestas desde enero del 2020, cuando entró en vigor la Zona de Bajas Emisiones en la capital catalana.
